Los datos sobre los beneficiarios finales en el contexto de las adquisiciones

Conclusión

En los últimos tiempos, se ha debatido ampliamente acerca del uso de los datos sobre los beneficiarios finales en el contexto de las adquisiciones. Esto se debe, en parte, a la gran cantidad de escándalos vinculados a la política en las adquisiciones derivadas de la pandemia de COVID-19, y las decenas de países que, a raíz de ello, se han comprometido a implementar medidas de transparencia respecto de los beneficiarios finales en los procesos adquisitivos. La utilización de datos sobre los beneficiarios finales en las adquisiciones no es algo nuevo, y ya se practica en algunos lugares.

Los datos sobre los beneficiarios finales son fundamentales para saber con quién se están celebrando negocios. Su utilización en los procesos adquisitivos a los fines de tomar decisiones y realizar análisis puede contribuir a conseguir diversos objetivos de las políticas de adquisiciones. Así, puede ayudar a prevenir la corrupción y el fraude, reducir el malgasto, mejorar la prestación de servicios, y contribuir a determinar la admisibilidad de los oferentes en las adquisiciones estratégicas, lo cual es fundamental para lograr que los fondos públicos se gasten de forma apropiada. La transparencia plena respecto de quiénes ostentan la propiedad y el control de las empresas en una determinada jurisdicción también puede mejorar las adquisiciones de forma indirecta y sistémica. La transparencia en materia de beneficiarios finales reduce los riesgos operativos y financieros dentro de una economía y mejora el contexto empresarial en general.

Este informe plantea que, para que los datos sobre los beneficiarios finales produzcan el máximo impacto posible en las adquisiciones, los gobiernos deberían recolectar, verificar y publicar los datos de forma centralizada. Las adquisiciones no deberían combinarse únicamente con los datos, sino con el régimen de transparencia en materia de beneficiarios finales. Muchos gobiernos que actualmente ya recopilan datos de manera centralizada no parecen estar utilizándolos sistemáticamente en sus procesos de adquisición. Considerando que son más de 100 los países que se han comprometido a implementar registros centrales y públicos sobre los beneficiarios finales [97] y que, algunos de ellos, como los Estados miembro de la UE, están legalmente obligados a hacerlo, sería lógico que los gobiernos comiencen a utilizar los datos sobre los beneficiarios finales para mejorar sus procesos de adquisición. A medida que la transparencia en materia de beneficiarios finales comience a implementarse en cada vez más jurisdicciones, esto aumentará la disponibilidad mundial de datos sobre entidades extranjeras susceptibles de ser utilizados en los procesos adquisitivos.

La transparencia en materia de beneficiarios finales es útil en muchas áreas de políticas estatales diferentes, y la presencia de registros centralizados permite que los gobiernos utilicen esa transparencia en cada una de estas áreas. Habida cuenta de la transición global hacia la transparencia respecto de los beneficiarios finales, sería sensato incorporarla en las reformas de los procesos adquisitivos. La transparencia en materia de beneficiarios finales no es la panacea para los desafíos que plantean los procesos adquisitivos, sino una medida necesaria y relativamente básica, que se utiliza menos de lo que se debería, y que puede ayudar a mejorar las adquisiciones.

Cuando los gobiernos recopilan, verifican y publican sus datos en formatos estructurados legibles por medios informáticos, estos datos resultan interoperables y pueden combinarse con otros conjuntos de datos para realizar análisis, o bien incorporarse a procesos automatizados que deberían ayudar a los funcionarios responsables de las adquisiciones en el desempeño de sus funciones. Como ya han demostrado varias iniciativas, los desafíos que plantea la implementación pueden superarse.