La titularidad de las empresas en el punto de mira: El papel de la transparencia de los beneficiarios reales en la transición energética

Un contexto cambiante para la reforma de la transparencia de los beneficiarios reales

La rapidez y la magnitud del gasto público para hacer frente a la pandemia han aumentado los riesgos de fraude y corrupción y, por consiguiente, la exigencia de transparencia de los datos de beneficiarios reales de las empresas, por lo menos a aquellas que reciben dinero de los contribuyentes. La pandemia ha puesto de relieve la dependencia de las empresas privadas respecto del gobierno, así como su papel en la gestión y la solución de las crisis. Los efectos de la crisis climática y de las políticas relacionadas con el clima podrían ser aún más acentuados, y cambiarán el contexto de reformas de la transparencia de los beneficiarios reales. Es fundamental centrarse en la transparencia durante la recuperación de la pandemia de la COVID-19 y posteriormente, ya que coincide con el período en que los países están sentando las bases para lograr transiciones energéticas que promuevan tanto la prosperidad económica como la equidad social.

Mayor atención al riesgo y la resiliencia durante la pandemia de COVID-19

Los profundos efectos sociales, económicos y políticos de la pandemia de COVID-19 han alterado el panorama en el que se está llevando a cabo la reforma de la transparencia de los beneficiarios reales, generando tanto riesgos como oportunidades. Desde el inicio de la pandemia, órganos internacionales como las Naciones Unidas han señalado la posibilidad de mayores riesgos de corrupción [11] y de delitos financieros como la malversación de fondos de recuperación, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el fraude. [12] En una evaluación de países miembros del G20, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) declaró:

“La cantidad de recursos necesarios para garantizar la salud y la seguridad públicas, junto con la necesidad de responder rápidamente a los desafíos de rápida evolución, ha aumentado las oportunidades de corrupción”. – Evaluation of G20 countries by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) [13]

Al mismo tiempo, las instituciones internacionales han observado que la recuperación de la crisis causada por la COVID-19 ofrece una oportunidad para generar mayor resiliencia social y fortalecer la capacidad de los países para hacer frente a los desafíos futuros, incluida la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero acelerando la transición energética. La transparencia de los beneficiarios reales es una de entre un conjunto de reformas políticas que pueden actuar de escudo ante los fracasos de la buena gobernanza y el crimen oportunista al dejar claro —al gobierno, a las empresas y al público— quién recibe flujos financieros tanto dentro del sector público como del privado. Una medida de este tipo gana en eficacia cuando está en vigor de manera anticipada a una crisis y puede ayudar a mantener la confianza de los ciudadanos respecto a que los recursos se emplean adecuadamente como, por ejemplo, en la contratación pública.

La transparencia de los beneficiarios reales es una prioridad para la comunidad internacional

La UNODC recomienda que los países integren requisitos de transparencia de los beneficiarios reales en su respuesta a las crisis, con la recomendación de “que elaboren y apliquen directrices claras que gestionen posibles conflictos de intereses y contribuyan a garantizar la transparencia de los beneficiarios reales”. [14] Entretanto, el Plan de Acción Anticorrupción del G20 para 2022-2024, incluye la transparencia de los beneficiarios reales en sus “prioridades sustantivas”. El Plan de Acción tiene el objetivo de aprovechar las lecciones aprendidas en la crisis de la COVID-19 para aumentar la resiliencia social en el futuro, y apunta lo siguiente:

“... la comunidad internacional está sufriendo una importante crisis sanitaria con efectos devastadores en la economía mundial. Con la recuperación surge la oportunidad de sentar las bases para una recuperación sostenible, transparente e inclusiva”. [15]

El G20 también cita recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el órgano que establece normas contra el blanqueo de capitales para la comunidad internacional. [16] Después de un examen de dos años, el GAFI reforzó a principios de 2022 su Recomendación 24 relativa a la transparencia de los beneficiarios reales de las personas jurídicas. Las revisiones suponen un cambio importante, ya que exigen que se verifique la información sobre los beneficiarios reales y que esté disponible a través de un registro central o un mecanismo alternativo que también garantice una información adecuada, precisa y actualizada. [17]

Las continuas amenazas de corrupción que plantea la COVID-19

A medida que prosiguen la crisis y la recuperación de la COVID-19, persisten elevados riesgos de corrupción, especialmente en el sector energético. Por ejemplo, la UNODC anticipa que quienes se dedican profesionalmente a blanquear dinero aumentarán sus actividades en la fase de recuperación de la pandemia. [18] Algunos países también han destacado que una tendencia a largo plazo consiste en el posible aumento del uso de empresas y sociedades ficticias basadas en jurisdicciones extraterritoriales donde existen políticas poco firmes de lucha contra el blanqueo de capitales. [19]

El rápido descenso del precio del petróleo y las grandes salidas de capital de los países productores de petróleo durante la pandemia también han aumentado el riesgo de que se produzcan flujos financieros ilícitos. Por ejemplo, mientras los bancos trataban de eliminar el riesgo, las salidas de capital de un grupo determinado de productores de petróleo africanos alcanzaron un nivel récord de 100 000 millones de USD en los primeros meses de la pandemia. [20] Asimismo, se adoptaron medidas fiscales urgentes para hacer frente a la crisis económica y social en contextos en los que la supervisión administrativa y las funciones de auditoría ya estaban sobrecargadas. [21] El panorama es complejo y varía según el contexto; en algunos casos, la caída de los precios del petróleo parece haber limitado las posibilidades de patrocinio y corrupción en regímenes cleptocráticos. [22]

Sin embargo, el repunte de los precios del petróleo y el gas y la crisis energética que se está desarrollando en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania han vuelto a poner las cuestiones de la titularidad de las empresas del sector energético decididamente en el punto de mira de la atención pública. Las presiones de la recuperación de la pandemia pueden verse exacerbadas por la nueva crisis energética resultante de la invasión de Rusia en Ucrania, lo que crea un contexto difícil para movilizar recursos que aceleren la transición energética.

Aunque escapa al alcance de este informe, las sanciones dirigidas a los intereses rusos tras la invasión en Ucrania han puesto más de manifiesto la necesidad de la transparencia de los beneficiarios reales en torno a las empresas energéticas y sus inversiones. En un momento en que muchos inversores tratan de hacer frente a las dificultades a corto plazo y desplazarse al sector de las energías renovables, es importante que la transparencia de los beneficiarios reales sea un instrumento clave para frenar los flujos financieros ilícitos.

Figura 2. Precio del petróleo crudo, 2019-2022
Figura 2. Precio del petróleo crudo, 2019-2022

Fuente: Administración de Información Energética de Estados Unidos

En las operaciones mineras, la pandemia de COVID-19 ha añadido más complejidad a las oportunidades de corrupción y, por consiguiente, a su seguimiento. Por ejemplo, un estudio de caso en Madagascar mostró que las restricciones aplicadas a los viajes aéreos llevaron a desvincular los precios mundiales y locales de algunos minerales. Los precios del oro se desplomaron localmente incluso cuando estaban alcanzando máximos mundiales. Esto tuvo el efecto de socavar las iniciativas de lucha contra la corrupción basadas en la comunidad, ya que algunos productores locales se vieron obligados a realizar actividades ilícitas y prácticas de extracción insostenibles debido a dificultades económicas extremas. [23] Las limitaciones de movilidad relacionadas con confinamientos decretados por orden gubernamental y las restricciones aplicadas a los viajes aéreos también limitaron el acceso de los observadores a las explotaciones mineras. [24] La competencia por los minerales críticos relacionados con la transición energética se está intensificando en paralelo con un crecimiento sostenido de la demanda mundial. Esto aumenta el riesgo de que los gobiernos concedan contratos a corto plazo sin una supervisión pública adecuada ni que se exija, registre o almacene información sobre los beneficiarios reales.

El mundo dirige su atención a la crisis climática

Pese a que perduran los efectos económicos de la pandemia, y pese al efecto del conflicto entre Rusia y Ucrania, la atención se está centrando cada vez más en abordar la crisis climática. Del contexto COVID-19 han surgido oportunidades para la reforma que están estrechamente relacionadas con la agenda internacional para abordar el cambio climático y financiar la transición energética. Algunos formuladores de políticas e inversores han interpretado la crisis de la COVID-19 como una llamada de atención que destaca la necesidad urgente de contar con un enfoque diferente para invertir, y se han señalado ciertos paralelismos entre los riesgos imprevistos de una pandemia y los riesgos del cambio climático. [25] Por ejemplo, inversores como los que participan en iniciativas como la Glasgow Financial Alliance for Net Zero [26] y el Consejo para el Capitalismo Inclusivo [27] se han centrado más en presionar a empresas de todo el mundo para que se comprometan con la responsabilidad social corporativa y los estándares ambientales, sociales y gobernanza (ESG).

Una transición energética justa necesita la transparencia de los beneficiarios reales

La transición energética representa un nuevo contexto político en el que se llevarán a cabo futuras reformas de la transparencia de los beneficiarios reales. Este contexto es especialmente relevante para los países con grandes industrias vinculadas a cadenas de valor de la energía, ya que la transición se refiere a una sustitución del uso primario de recursos no renovables — como los combustibles fósiles para la energía — por fuentes de energía limpias como la energía eólica y solar. [28] Aunque a menudo se percibe como un cambio único, en la práctica implicará una serie compleja de cambios que se producirán en paralelo en todo el mundo a través de una combinación de intervenciones normativas y fuerzas del mercado.

Existen numerosos compromisos nacionales y documentos de orientación que abordan las características tecnoeconómicas de la transición energética. Asimismo, organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) [29] también advierten cada vez más sobre la necesidad de abordar los aspectos sociales y de gobernanza de la transición. El concepto de “transición energética justa” se ha convertido en un eje unificador en torno al cual trabajar:

“Tomando como base el concepto de ‘no dejar a nadie atrás’, una transición energética justa e inclusiva mejorará la salud, las capacidades y el bienestar humanos, aumentará la resiliencia e impulsará la innovación hacia una sociedad sostenible a todos los niveles, además de propiciar enormes inversiones”. – United Nations: Theme Report on Enabling SDGs through Inclusive, Just Energy Transitions. [30]

La información fiable y fácilmente accesible sobre la titularidad de las empresas es un recurso que los gobiernos pueden utilizar para contribuir a garantizar que se mantenga la confianza de los ciudadanos durante la transición energética, y que las enormes inversiones involucradas en la transición estén acompañadas de una vigilancia rigurosa. Las deficiencias en materia de gobernanza, como la corrupción y la evasión fiscal, socavan la capacidad de los gobiernos para garantizar que los beneficios de la transición se distribuyan equitativamente. La falta de transparencia también conlleva el riesgo de que por la interferencia de intereses creados se sustraigan a las comunidades los beneficios de la transición y se desvíen hacia personas políticamente expuestas y malhechores. Por estas razones, las medidas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas son un requisito previo para lograr una transición justa.

Notas finales

11. El Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, el Defensor del Pueblo Europeo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hicieron llamamientos en 2020 para que los países aumentaran la vigilancia y la integración de programas contra la corrupción. Para obtener más información, véase https://www.unodc.org/pdf/corruption/G20_Compendium_COVID-19_FINAL.pdf. Página consultada el 10 de febrero de 2022.

12. Entre los ejemplos de vulnerabilidades en los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el fraude figuran las órdenes de trabajar desde casa, lo que limita el acceso de las unidades de investigación financiera a los sistemas de inteligencia, y la percepción de impunidad de potenciales delincuentes. Para obtener más información, véase https://www.unodc.org/documents/AdvocacySection/EN_-_UNODC_-_MONEY_LAUNDERING_AND_COVID19_-_Profit_and_Loss_v1.1_-_14-04-2020_-_CMLS-COVID19-GPML1_-_UNCLASSIFIED_-_BRANDED.pdf. Página consultada el 12 de febrero de 2022.

13. UNODC (16 de octubre de 2020), preparado para la Cumbre del G20 de Riad (Arabia Saudita) de 2020, Good Practices Compendium on Combating Corruption in theResponse to COVID-19, p. 8. Obtenido de https://www.unodc.org/pdf/corruption/G20_Compendium_COVID-19_FINAL.pdf el 10.02.2022.

14. UNODC (sin fecha), Obtenido de Corruption and COVID-19: Challenges in Crisis Response and Recovery, pág. 12. https://www.unodc.org/documents/Advocacy- Section/COVID-19-Crisis-responserecovery-WEB.pdf el 11 de febrero de 2022.

G20 Anti-Corruption Working Group (sin fecha), “Anti-Corruption Action Plan 2022- 2024”, pág. 2.

16. G20 Anti-Corruption Working Group (sin fecha), “Anti-Corruption Action Plan 2022- 2024”. Obtenido de https://www.unodc.org/documents/corruption/G20-Anti- Corruption-Resources/Action-Plans-and-Implementation-Plans/2021_G20_Anti- Corruption_Action_Plan_2022-2024.pdf el 11 de febrero de 2022.

17. FATF (marzo de 2022), “Public Statement on revisions to R.24”, FATF Recommendations. Obtenido de https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/ documents/r24-statement-march-2022.html el 5 de marzo 2022.

18. UNODC (12 de abril de 2020), Money Laundering and COVID-19: Profit and Loss. Obtenido de https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/EN_-_UNODC_-_MONEY_LAUNDERING_AND_COVID19_-_Profit_and_Loss_v1.1_-_14-04-2020_-_CMLSCOVID19-GPML1_-_UNCLASSIFIED_-_BRANDED.pdf el 11.02.2022.

19. UNODC (16 de octubre de 2020), preparado para la Cumbre del G20 de Riad (Arabia Saudita) de 2020, Good Practices Compendium on Combating Corruption in the Response to COVID-19, p. 49.

20. Angola, Ghana, Kenya, Nigeria, Sudáfrica y Zambia. Fuente: Porter, D. y C. Anderson (2021), Illicit Financial Flows in Oil and Gas Commodity Trade: Experience, Lessons, and Proposals, IFFs and Oil Commodity Trading Series, OCDE, p. 12. Obtenido de https://www.oecd.org/development/accountable-effective-institutions/illicit-financial-flows-oilgas-commodity-trade-experience.pdf el 24.02.2022.

21. Ibid.

22. Gillies, A. (marzo de 2021), A Pandemic and a Price Plunge: Oil-Rich Kleptocracies in Uncertain Times, Global Insights Series. Obtenido de https://www.ned.org/wp-content/uploads/2021/03/Pandemic-Price-Plunge-Oil-Rich-Kleptocracies-Uncertain-TimesGillies-March-2021.pdf el 01.03.2022.

23. Klein, B. y S. Mullard (septiembre de 2021), The unusual impacts of Covid: Reflections on the links between demand, extraction, conservation, and corruption, Fondo Mundial para la Naturaleza. Obtenido de https://www.worldwildlife.org/pages/tnrc-blog-theunusual-impacts-of-COVID-reflections-on-the-links-between-demand-extractionconservation-and-corruption el 22.02.2022.

24. Bainton, N., Owen, J.R. y D. Kemp (2020), Invisibility and the extractive-pandemic nexus, The Extractive Industries and Society, vol. 7, número 3, p. 841-843. Obtenido de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X20301490 el 22.02.2022.

25. J.P. Morgan (1 de julio de 2020), Why COVID-19 Could Prove to Be a Major Turning Point for ESG Investing. Obtenido de https://www.jpmorgan.com/insights/research/covid-19-esg-investing el 10.02.2022.

26. Para obtener más información, véase https://www.gfanzero.com/. Página consultada el 10 de febrero de 2022.

27. Para obtener más información, véase https://www.inclusivecapitalism.com/just-energytransition-company-framework/. Página consultada el 10 de febrero de 2022.

28. Las transiciones energéticas se han producido varias veces a lo largo de la historia y se definen como “un cambio en la forma primaria de consumo de energía de una sociedad determinada. Por ejemplo, la transición histórica de la madera al carbón y luego al petróleo y el gas en la Europa industrial”. Fuente: Dictionary of Energy (2ª edición) (2015), entrada sobre la transición energética. Obtenido de https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/energy-transition el 04.02.2022.

29. Para obtener más información, véase https://www.iea.org/reports/recommendationsof-the-global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions. Página consultada el 10 de febrero de 2022.

30. Naciones Unidas (2021), Theme Report on Enabling SDGs through Inclusive, Just Energy Transitions, Executive Summary, p. 1. Obtenido de https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021-twg_3-exesummarie-062321.pdf el 10.02.2022.

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