Los datos sobre los beneficiarios finales en el contexto de las adquisiciones

Casos de uso de la transparencia en materia de beneficiarios finales en las adquisiciones públicas

La transparencia en torno a los beneficiarios finales puede aportar beneficios tanto directos como indirectos a los procesos de adquisición [13]. Por un lado, puede mejorarlos de forma directa al utilizar los datos sobre los beneficiarios finales para potenciar la información sobre las personas y organizaciones registrada por los sistemas de adquisiciones, con miras a contribuir a la toma de decisiones y la realización de análisis. Y, de forma indirecta, la transparencia sobre los beneficiarios finales fortalece los procesos de adquisición a nivel sistémico.

En lo que respecta a mejorar las adquisiciones de forma directa, los casos de uso de los datos sobre los beneficiarios finales pueden dividirse, a grandes rasgos, en tres categorías:

1. Prevenir la corrupción y el fraude mediante la detección de casos de actores (tanto compradores como vendedores) que pretendan subvertir la legislación vigente y el procedimiento de contratación para su propio beneficio;
2. Mejorar la prestación de servicios por medio de una mayor competencia y mejores controles de debida diligencia;
3. Verificar la admisibilidad de los proveedores para acogerse al régimen de adquisiciones preferenciales con el fin de satisfacer objetivos de políticas horizontales.

En todos los casos, los datos sobre los beneficiarios finales pueden emplearse para potenciar la información y contribuir a la toma de decisiones a efectos de conseguir las metas de las políticas de adquisiciones. En combinación con otros conjuntos de datos como, por ejemplo, los referentes a las contrataciones y gastos, la información sobre los beneficiarios finales también puede ser útil para analizar cuán exitosa ha sido la implementación de una determinada política de adquisiciones.

Prevenir la corrupción y el fraude

“Corrupción: el flagelo de las adquisiciones públicas” [14]

En las adquisiciones públicas se gastan cuantiosas sumas de dinero, y esto las convierte en “el componente individual más grande de los gobiernos modernos” [15]. En vista de la cantidad de dinero y la multiplicidad de partes interesadas involucradas, la complejidad del proceso, y la estrecha interacción entre el sector privado y los funcionarios públicos [16], las adquisiciones representan el mayor riesgo de corrupción para los gobiernos [17]. En particular, los conflictos de intereses entre quienes adjudican los contratos y sus adjudicatarios son fuente de importantes riesgos de corrupción [18].

Si bien suele centrarse la atención en la corrupción durante las etapas de adjudicación y contratación de los procesos de adquisición y contratación —donde es un fenómeno más habitual— lo cierto es que la corrupción y el fraude pueden darse en todas las etapas [19]. No hay definiciones estándar de corrupción y fraude en el contexto de las adquisiciones, y puede haber cierto grado de superposición en cuanto a su definición normativa.

A los fines de este informe, definimos a la corrupción en el contexto de las adquisiciones como aquellos supuestos en que se abusa de la autoridad de un cargo para hacer que un contrato se adjudique a un oferente en particular sin que ello sea detectado. Esto puede ocurrir de numerosas formas. En las primeras etapas del proceso de contratación, las convocatorias a licitación pueden diseñarse a medida para beneficiar a proveedores específicos, a tal punto que, en algunos casos, el proceso de adquisición ni siquiera pasa por la etapa de licitación propiamente dicha y se adjudica directamente. También puede ocurrir que se acorte el período licitatorio para dificultar la presentación de una serie de ofertas legítimas, o que se comparta información privilegiada con oferentes específicos [20].

En la fase de adjudicación y contratación, la corrupción puede consistir en adjudicar el contrato a una empresa que, según los criterios objetivos establecidos, no debería ganar. También puede consistir en inflar los valores de un contrato o incluir términos contractuales favorables como, por ejemplo, la ausencia de consecuencias en caso de incumplimiento. Como la corrupción implica un abuso de autoridad por parte de quienes conforman el proceso adquisitivo, siempre hay un nexo y un conflicto de intereses entre los sujetos intervinientes y las empresas ganadoras. Esto puede incluir el pago de dádivas a cambio de contratos, así como la presencia de nexos entre quienes adjudican los contratos y sus adjudicatarios (por ejemplo, el derecho a percibir ganancias de la compañía ganadora). Las adquisiciones públicas son el objetivo más habitual de todos los sobornos [21].

Fraude

El fraude en los procesos adquisitivos puede derivar de manifestaciones falsas, la omisión de divulgar información, y el abuso de autoridad [22]. A los fines de este informe, el fraude en el contexto de las adquisiciones se define como aquellas conductas destinadas a subvertir el proceso de adquisición sin conocimiento ni complicidad por parte de los funcionarios. Esto puede ser obra de varios oferentes confabulados para manipular una licitación actuando como un cártel. A fin de garantizar una competencia leal, la mayoría de las leyes en materia de adquisiciones prohíben la colusión y los contactos directos extraoficiales. Las empresas pueden manipular las licitaciones, por ejemplo, mediante la supresión de ofertas (que restringe la competencia y probablemente infle el precio) o con ofertas encubiertas (esto es, la presentación de falsas ofertas para encaminar la selección hacia una oferta determinada). Los sistemas de adquisiciones deberían generar avisos de alerta frente a sospechas de fraude. Sin embargo, detectar casos de fraude puede ser muy difícil, además de requerir mucho tiempo y recursos. Los avisos de alerta no prueban la existencia de irregularidades, pero sí son una señal de que es necesario investigar el caso. Por otra parte, puede ocurrir que las empresas omitan divulgar información que permitiría que los organismos responsables de las adquisiciones efectúen controles de debida diligencia apropiados, o puede darse que realicen manifestaciones inexactas sobre sí mismas para coincidir con el perfil de vendedor que el comprador está buscando (ver Recuadro 2).

Todas las formas de corrupción y fraude en el contexto de las adquisiciones producen efectos negativos sobre la competencia, la relación precio-calidad y la prestación de servicios. Estos fenómenos no solo malgastan el dinero de los contribuyentes, sino que además pueden traducirse en derrumbes de puentes, medicamentos falsos, o insumos de protección para personal médico que no sean aptos para su propósito, lo cual socava la confianza en el gobierno y la democracia (ver Recuadro 1) [23].

La utilización de datos sobre los beneficiarios finales para prevenir el fraude y la corrupción en los procesos de adquisición

Los datos relativos a los beneficiarios finales pueden ayudar a prevenir la corrupción y el fraude de dos modos fundamentales:

1. Detectando conflictos de intereses no divulgados u ocultos;
2. Generando señales de alerta ante posibles indicios de colusión y manipulación de licitaciones.

Conflictos de intereses

La información sobre los beneficiarios finales puede ayudar a verificar la existencia de conflictos de intereses que podrían pasar desapercibidos en controles más superficiales, detectando vínculos entre quienes ocupan cargos de poder (p. ej. PEP y autoridades responsables de las adquisiciones), y la titularidad y el control (ocultos) de las empresas. Ante una señal de alerta que indique la presencia de un potencial conflicto de intereses en una licitación, es posible incorporar controles adicionales para garantizar que los contratos se adjudiquen de forma justa. Si los datos sobre los beneficiarios finales están estructurados y son legibles por medios informáticos, estos controles pueden automatizarse, lo cual les ahorraría tiempo a los funcionarios encargados de las adquisiciones y mejoraría la eficiencia del proceso adquisitivo. Así, por ejemplo, es posible combinarlos con los datos sobre las PEP a fin de detectar su participación en las empresas proveedoras (ver Recuadro 1). [32]

Estos datos pueden ser de utilidad a los gobiernos para tomar decisiones relativas a las adjudicaciones de contratos. Además, pueden publicarse, y la población puede valerse de ellos para exigir que el gobierno rinda cuentas (ver Recuadro 1). La publicación de información sobre los beneficiarios finales de las empresas proveedoras tiene, además, un efecto disuasivo. Para su Fondo Social y su Fondo de Desarrollo Regional, la UE utiliza ARACHNE, una “herramienta informática integrada destinada a la extracción y al enriquecimiento de datos” [33] para realizar controles de debida diligencia, que se sirve de un conjunto de datos comerciales sobre los beneficiarios finales, pero que no se publica con fines de supervisión pública. Tanto Ucrania (ver Recuadro 6) como Eslovaquia (ver Recuadro 7) recolectan datos sobre los beneficiarios finales por cuenta propia en registros centrales. Eslovaquia recopila datos sobre los beneficiarios finales específicamente para los procesos de adquisición, y los publica con fines de supervisión pública. Ucrania ha implementado la transparencia en materia de beneficiarios finales en todos los sectores de la economía, y recolecta datos sobre los beneficiarios finales de todas las entidades jurídicas, que posteriormente utiliza para verificar la existencia de posibles conflictos de intereses en las adquisiciones.

Colusión y manipulación de licitaciones

Los datos sobre los beneficiarios finales también pueden servir para detectar ciertas formas de manipulación de licitaciones. La presentación de ofertas por parte de empresas distintas que tienen propietarios en común no suele ser ilegal. En aras de garantizar la imparcialidad y la no discriminación, es muy poco probable que los funcionarios encargados de las adquisiciones puedan decidir las adjudicaciones de contratos en función de la titularidad. Y, posiblemente, estén impedidos legalmente de hacerlo. En muchos casos, ni siquiera recolectan ni acceden a datos sobre la titularidad. Sin embargo, lo que sí es ilegal conforme a las leyes antimonopolio de la mayoría de las jurisdicciones, aunque ciertamente no de todas, es que las compañías operen como un cártel [34], inflando artificialmente los precios, aumentándolos especulativamente [35], o incurriendo en colusión o contactos directos extraoficiales con otras empresas. Como esto a veces puede ser difícil de demostrar, los sistemas de adquisiciones deberían ser capaces de detectar situaciones en las que varias ofertas tienen titulares (beneficiarios finales) en común, y generar avisos de alerta para que se investiguen con mayor atención esas ofertas.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE. UU. (GAO) realizó un análisis de 32 casos de adquisiciones para defensa, en el cual detectó que “se inflaron precios a través de empresas pertenecientes a una misma entidad con el fin de crear una falsa apariencia de competencia” [36] (ver Recuadro 4.1). Cuando se presentan ofertas falsas por medio de empresas que comparten un mismo propietario, esto es mucho más difícil de detectar si no se dispone de datos sobre los beneficiarios finales [37].

Mejorar la prestación de servicios a través de la competencia

Los marcos para las adquisiciones procuran facilitar la contratación de los servicios más adecuados para los contribuyentes, aspirando a alcanzar la mayor calidad al menor precio a través de una competencia leal. Esta sección describe cómo los datos sobre los beneficiarios finales pueden ayudar a mejorar la prestación de servicios por parte de los gobiernos, fomentando la competencia y generando un contexto de igualdad de condiciones de las siguientes formas:

1. Reduciendo y gestionando los riesgos operativos y financieros a través de mejores controles de debida diligencia;
2. Diversificando los proveedores y ampliando la participación empresarial;
3. Promoviendo la competencia mediante la detección de casos de titularidad compartida.

Reducir y gestionar los riesgos

Conocer a los beneficiarios finales de las empresas que intervienen en un proceso adquisitivo y sus estructuras de titularidad en general mediante las divulgaciones de los beneficiarios finales resulta útil para gestionar los riesgos operacionales (p. ej. verificando la existencia de pasivos financieros de otras entidades en una misma estructura de titularidad, que podría utilizarse para ocultar deudas o pérdidas) [38].

Un ejemplo de ello es el caso de Carillion, una compañía que prestaba servicios a hospitales, escuelas, instituciones penitenciarias y transporte, y que tenía alrededor de 450 contratos con el Gobierno de Reino Unido [39]. En en erode 2018, Carillion ingresó en un proceso de liquidación. El verdadero impacto de la quiebra de Carillion en la prestación de servicios gubernamentales no estaba claro debido a la gran cantidad de entidades que integraban su compleja estructura de titularidad y a las cuales se habían adjudicado contratos. Esto hizo difícil poder evaluar cabalmente las consecuencias de su quiebra [C]. Por lo tanto, ciertamente no habría sido posible realizar una evaluación de riesgos completa. En junio de 2017, Carillion debía GBP 2000 millones [40] a sus subcontratistas y proveedores, y dejó deudas sin pagar a muchas pequeñas y medianas empresas (PyME). Una de ellas señaló que “el Gobierno le otorgaba contratos multimillonarios, uno tras otro, y eso, a mí, como pequeño proveedor, me inducía a pensar que el Gobierno había hecho sus controles de debida diligencia. Nosotros simplemente seguíamos los pasos del Gobierno” [41].

Los datos sobre los beneficiarios finales y una mayor visibilidad de las estructuras de titularidad ayudan a los responsables de las compras gubernamentales a analizar mejor los riesgos a efectos de tomar decisiones pertinentes a las adquisiciones y, por ende, permiten brindar mejores servicios a los ciudadanos. En el caso de Carillion, el saber cuántas empresas de su estructura de titularidad tenían contratos con el Gobierno habría ayudado a evaluar con mayor precisión el verdadero riesgo que implicaba su quiebra y, posiblemente, habría contribuido a mitigarlo.

Diversificar los proveedores

Una mejor gestión de los riesgos puede ayudar a ampliar la base de posibles proveedores disponibles, y así fomentar la competencia. Como los responsables de las compras gubernamentales buscan mitigar y gestionar los riesgos —de forma similar a lo que hacen las empresas privadas— muchos gobiernos han tendido a favorecer a los proveedores más grandes por encima de los más pequeños, motivados por la creencia de que esto conlleva menos riesgos [42]. Esto se observa, por ejemplo, en las adquisiciones informáticas. Habida cuenta de los riesgos que implicaban los primeros proyectos informáticos, esta creencia derivó en la frase “nunca han despedido a nadie por elegir a IBM”, dado que la envergadura de este gigante de la tecnología ofrecía mayores garantías de cumplimiento, si bien no necesariamente dentro del presupuesto. Esto seguramente haya contribuido al habitual desplazamiento de los proveedores más pequeños. Contratar con PyME suele ser considerablemente más económico, permite ahorrar grandes cantidades de dinero y ofrece una buena relación precio-calidad a los contribuyentes. Un informe de 2013 del Gobierno de Reino Unido reveló que los costos se reducían en un 90 % al adjudicar un contrato de alojamiento y servidor a un proveedor más pequeño. El nivel promedio de ahorro al cambiar de proveedores de gran envergadura y con una posición dominante a proveedores más pequeños era de entre 30 % y 90 % aproximadamente [43]. Una mejor capacidad de comprensión y gestión de los riesgos permite que los gobiernos se sientan más seguros de celebrar negocios con proveedores más nuevos. Al ampliar el abanico de posibles proveedores, los gobiernos estimulan la competencia.

La apertura del proceso de adquisiciones a proveedores extranjeros también puede ayudar a elevar el nivel de la competencia para contratar con el gobierno y, de esta forma, producir un efecto positivo en el costo de los bienes y servicios en el ámbito nacional [44]. El análisis de la titularidad legal no permite, por sí solo, tener un panorama preciso de los contratos adjudicados a proveedores extranjeros, ya que estos suelen inscribirse en el país. La UE utiliza un conjunto de datos de origen comercial sobre los beneficiarios finales para poder analizar el impacto de las irrupciones transfronterizas en las adquisiciones públicas [45]. Al comprender y analizar de forma precisa los intercambios comerciales con base en los datos, los gobiernos pueden crear mejores políticas basadas en pruebas para promover el comercio y fomentar la competencia en las adquisiciones.

Detectar casos de titularidad compartida

Por último, la utilización de datos sobre los beneficiarios finales en los procesos de adquisición puede ayudar a detectar casos de titularidad compartida entre varias empresas que participan en una misma licitación. Esto no es problemático en sí mismo, y puede ser algo habitual, especialmente en los mercados emergentes. Sin embargo, hay casos en los que ha estado asociado a efectos anticompetitivos [46]. Es necesario entender tanto la titularidad como el control a fin de evaluar los potenciales efectos (anti) competitivos [47]. Todo sistema de adquisiciones debería ser capaz de detectar y mantener bajo seguimiento los casos de titularidad y control en común a fin de, eventualmente, realizar una investigación más detenida. Para poder evaluar realmente tanto la titularidad como el control compartidos, es necesario analizar quiénes son los beneficiarios finales de las compañías.

Verificar la admisibilidad en las adquisiciones públicas estratégicas y preferenciales

Las adquisiciones preferenciales son procesos adquisitivos que otorgan preferencia a ciertos proveedores, apartándose de los principios tradicionales de las adquisiciones públicas referentes a la igualdad, la no discriminación y la competencia [50]. Muchos gobiernos, tanto de economías en desarrollo como desarrolladas, han introducido políticas y programas de adquisiciones preferenciales para lograr ciertos objetivos de políticas horizontales. Esto también se conoce como adquisiciones estratégicas.

En la mayoría de las economías, los gobiernos son los mayores adquirentes individuales de bienes y servicios, por lo cual se los considera “una poderosa fuerza de cambio” [51] para materializar otros objetivos de desarrollo y sostenibilidad. Las políticas de adquisiciones preferenciales son numerosas y su aplicación es variada (ver Recuadro 3). Entre ellas se encuentran objetivos ambientales (adquisiciones ecológicas) y el fomento de la innovación, el comercio, y la integración económica [52]. Una finalidad fundamental de las adquisiciones estratégicas tiene que ver con la igualdad de género y la inclusión social. Esto incluye adquisiciones preferenciales tendientes a redistribuir oportunidades, opciones y recursos. Esto suele hacerse para mejorar las condiciones de individuos y grupos desfavorecidos [53]. En los procesos de adquisición, la inclusión favorece la creación de empleo. Los gobiernos, además, pueden realizar adquisiciones orientadas al mercado nacional, por ejemplo, para fomentar el desarrollo de un sector, o en las adquisiciones para defensa, donde suele preferirse a proveedores de confianza del propio país por motivos de seguridad nacional.

Certificación

Para que las adquisiciones públicas exploten su potencial transformador para abordar objetivos de políticas adicionales, la columna vertebral del régimen de adquisiciones debería incluir la verificación precisa y confiable de la admisibilidad de los proveedores [59]. La certificación es el medio por el cual los gobiernos pueden determinar la admisibilidad de una persona o empresa para solicitar la adjudicación de contratos bajo un régimen de adquisiciones preferenciales. Para ello, es de vital importancia contar con información confiable.

El principal desafío de la certificación es el mismo que enfrentan los registros centrales de beneficiarios finales: determinar y verificar si las declaraciones presentadas por las empresas son exactas y confiables. La certificación normalmente se materializa a través de autocertificaciones, certificaciones otorgadas por empresas privadas, o la inscripción en registros centralizados en función de los datos demográficos.

Cuando no hay un registro centralizado que actúe como base de datos de referencia, los regímenes de certificación pueden padecer inconvenientes en cuanto a la exactitud y fiabilidad (ver Recuadro 4).

Garantizar la admisibilidad valiéndose de datos sobre los beneficiarios finales

Los registros centralizados y verificados de beneficiarios finales ofrecen un conjunto de datos de referencia potencialmente valiosos, que pueden ayudar a corroborar la admisibilidad de los oferentes en la etapa de adjudicación de aquellos regímenes de adquisición que determinan la idoneidad en función de la titularidad o el control. Los registros de beneficiarios finales pueden ayudar a simplificar y automatizar la verificación de la admisibilidad y auditar los procedimientos de calificación de las adquisiciones preferenciales [66]. En Sudáfrica, por ejemplo, la disponibilidad de información fiable sobre los beneficiarios finales sería útil para verificar las certificaciones presentadas ante la Comisión B-BBEE, que consisten predominantemente en declaraciones juradas. Y, además, ayudaría a tener un panorama más completo de la titularidad con vistas a alcanzar los objetivos de las políticas de forma más rigurosa [67].

La recopilación de datos en registros centrales tiene la ventaja de que la información se corrobora y actualiza con mayor regularidad a lo largo del ciclo de vida de las empresas, tal como se examina más adelante en este informe. Esto podría tornar más eficiente la verificación de los oferentes admisibles y brindar mejores datos para los análisis, ya que los gobiernos podrían realizar esta labor de forma centralizada en un formato de datos estandarizado, cuyo uso y análisis resultaría más económico. Si los datos se encuentran disponibles en un formato estructurado y legible por medios informáticos, estos procesos pueden automatizarse para reducir los costos.

Los actuales regímenes de transparencia en materia de beneficiarios finales generalmente no recolectan información demográfica de los individuos, más allá de la edad (a través de la fecha de nacimiento) y el lugar. Si bien es posible recopilar datos adicionales, los países tendrían que evaluar si sería apropiado recolectar ciertos datos demográficos de carácter sensible —por ejemplo, la raza y la etnia— como parte de un régimen de transparencia de los beneficiarios finales más amplio. Una posibilidad sería recopilar información demográfica adicional durante el proceso de adquisición, y luego combinarla con los datos sobre los beneficiarios finales en una etapa posterior.

Mejorar sistemáticamente las adquisiciones

Si bien las secciones anteriores han centrado la atención en los beneficios directos de los datos sobre los beneficiarios finales para las adquisiciones, es importante reconocer los beneficios indirectos más amplios y sistémicos para el ámbito general desde el cual los gobiernos realizan las adquisiciones. A grandes rasgos, la transparencia en materia de beneficiarios finales mejora las adquisiciones en las siguientes áreas:

1. Aumenta la competitividad entre las empresas al igualar las condiciones en las que se desenvuelven, ya que la disminución de la corrupción genera un contexto en el que todas las compañías se rigen por las mismas reglas [71].
2. Reduce los riesgos y el costo de los controles de debida diligencia. Saber con quiénes hacen negocios las empresas y aumentar la visibilidad de las cadenas de suministro ayuda a las compañías a gestionar la exposición financiera y los riesgos operacionales [72]. A modo de ejemplo, el 84 % de los principales funcionarios responsables de las cadenas de suministro señalaron que la falta de visibilidad es la mayor dificultad a la hora de mitigar las disrupciones [73]. Esto beneficia a las PyME, ya que el costo de los controles de debida diligencia es relativamente mayor para las empresas más pequeñas [74].
3. Fomentar una cultura empresarial de transparencia y confianza, entre las empresas, entre las empresas y la sociedad, y entre las empresas y el gobierno, algo que, a su vez, es positivo para las inversiones [75]. La transparencia en materia de beneficiarios finales permite que todos los actores se sientan más seguros en cuanto a que conocen con quién están celebrando negocios realmente, lo cual mejora el nivel de rendición de cuentas de las empresas y los gobiernos y la confianza en ellos, y cierra los recovecos legales que posibilitan la participación de actores perjudiciales.

Los beneficios a nivel sistémico que los datos sobre los beneficiarios finales aportan a las adquisiciones han sido puestos de relieve en un estudio de 2019 de Adam Smith, que señaló que “los registros pueden promover mayor prosperidad, contribuyendo a un régimen de inversiones más abierto y garantizando una buena relación precio-calidad en las adquisiciones públicas. Esto incluye el robustecimiento de los controles de debida diligencia sobre los clientes del sector privado, la igualación de las condiciones de competencia y la promoción de la concurrencia abierta” [76].

Los beneficios sistémicos de la transparencia en materia de beneficiarios reales en el contexto de las adquisiciones solo pueden alcanzarse en toda su plenitud a través de registros centralizados abiertos. Un análisis de la implementación del registro de beneficiarios finales del Reino Unido revela que, de las compañías que lo utilizaron para eventuales verificaciones de los clientes, controles de debida diligencia y búsquedas de información sobre sus competidores, el 64 % afirmó que la información había sido útil o muy útil [77]. Según encuestas recientes, cada vez es mayor el uso de los registros públicos con fines de debida diligencia [78].

Notas al pie

[13] Jack Lord, “Connecting the dots between beneficial ownership and procurement data: improving processes and identifying risk”, Open Data Services, enero de 2020, https://medium.com/opendatacoop/connectingthe-dots-between-beneficial-ownership-and-procurement-data-improvingprocesses-and-2fd0df9d9653.

[14] “Preventing Corruption in Public Procurement”, OCDE, 2016, 6, https://www.oecd.org/gov/ethics/Corruption-Public-Procurement-Brochure.pdf.

[15] Nick Davies, Oliver Chan, Aron Cheung, y Gavin Freeguard, “Government procurement: The scale and nature of contracting in the UK”, Institute for Government, diciembre de 2018, 35, https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/IfG_government_procurement_web3.pdf.

[16] OCDE, “Preventing Corruption in Public Procurement”.

[17] “Informe de la OCDE sobre cohecho internacional: análisis del delito de cohecho de servidores públicos extranjeros” OCDE, (París: OECDPublishing, 2014), http://dx.doi.org/10.1787/9789264226616-en.

[18] “Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE”, Comisión Europea, 3 de febrero de 2014, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf.

[19] “Procurement Corruption in the Public Sector and Associated Money Laundering in the ESAAMLG Region”, Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), (Dar es Salaam: ESAAMLG, 2019), https://esaamlg.org/reports/Report_procurement.pdf.

[20] “Fraud and Corruption Awareness Handbook : A Handbook for Civil Servants Involved in Public Procurement”, Banco Mundial (Varsovia: Banco Mundial, 2013), 7, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18153.

[21] OCDE, “Informe de la OCDE sobre cohecho internacional: análisis del delito de cohecho de servidores públicos extranjeros”.

[22] “Review into the risks of fraud and corruption in local government procurement: A commitment from the UK Anti-Corruption Strategy 2017-2022”, Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local del Reino Unido, junio de 2020, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/890748/Fraud_and_corruption_risks_in_local_government_procurement_FINAL.pdf.

[23] “Why corruption matters: understanding causes, effects and how to address them”, Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, enero de 2015, 50, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/406346/corruption-evidencepaper-why-corruption-matters.pdf.

[24] “Tackling Coronavirus (COVID-19): Contributing to a Global Effort”, OCDE, s.f., https://www.oecd.org/competition/COVID-19-competition-and-emergencyprocurement.pdf.

[25] “Guardar los recibos: transparencia, rendición de cuentas y legitimidad en las respuestas de emergencia”, Fondo Monetario Internacional (FMI), 2020, https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/covid19-special-notes/Spanish/sp-special-series-on-covid-19-keeping-the-receipts.ashx.

[26] “Contrataciones de emergencia ante el COVID-19: compras rápidas, inteligentes y abiertas”, Open Contracting Partnership (OCP), s.f., https://www.open-contracting.org/es/what-is-open-contracting/covid-19/.

[27] Transparencia Internacional, “IMF COVID-19 Anti-Corruption Tracker”.

[28] Jane Bradley, Selam Gebrekidan, y Allison McCann, “Waste, Negligenceand Cronyism: Inside Britain’s Pandemic Spending”, New York Times, 17 de diciembre de 2020, https://www.nytimes.com/interactive/2020/12/17/world/europe/britain-covid-contracts.html.

[29] “Investigation into government procurement during the COVID-19 pandemic”, Oficina Nacional de Auditoría (NAO), 26 de noviembre de 2020, 11, https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/Investigationinto-government-procurement-during-the-COVID-19-pandemic.pdf.

[30] “Piden sentencias de hasta 4 años de prisión por un caso de fraude con mascarillas”, Openbaar Ministerie, 17 de junio de 2020, https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/06/17/celstraffen-tot-4-jaar-geeist-voor-fraude-met-mondkapjes.

[31] “Caso de fraude por 11 millones de mascarillas: los sospechosos seguirán detenidos”, RTL Nieuws, 22 de abril de 2020, https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5099281/oplichting-mondkapjes-fraude-nederlands-duo-duitse-overheid.

[32] “Joining the dots with PEPs: cross-matching BO and FD data to identify red flags”, Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), 20 de diciembre de 2019, https://imfilab.brightidea.com/D361.

[33] “Herramienta ARACHNE para evaluar el riesgo”, Comisión Europea, 2020, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=es.

[34] “Cartels”, Comisión Europea, 15 de marzo de 2017, https://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/index_en.html.

[35] Véase, por ejemplo: Cherese Thakur, “Beneficial ownership disclosure is indispensable in the fight against procurement ‘hyenas’”, Daily Maverick, 21 de agosto de 2020, https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-08-21-beneficial-ownership-disclosure-is-indispensable-inthe-fight-against-procurement-hyenas/ y “Transparencia e integridad en la contratación pública: Garantizar la transparencia de la contratación de emergencia: Recomendaciones”, RECORD: Reducing Corruption Risks with Data, 2020, https://www.access-info.org/wp-content/uploads/RECORD_Emergency-Procurement-ES-1.pdf.

[36] “Defense Procurement: Ongoing DOD Fraud Risk Assessment Efforts Should Include Contractor Ownership”, Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE. UU. (GAO), noviembre de 2019, 2, https://www.gao.gov/assets/710/702890.pdf.

[37] El siguiente tutorial muestra cómo se utilizaron los datos sobre accionistas obrantes en un registro público para detectar propietarios en común: Dagoberto José Herrera Murillo, “Part I: Graph databases for journalists”, Medium, 30 de abril de 2019, https://medium.com/neo4j/graph-databases-for-journalists-5ac116fe0f54.

[38] “Why Beneficial Ownership Data Should Interest You”, Spend Network, 17 de diciembre de 2020, https://spendnetwork.com/why-beneficial-ownership-data-should-interest-you/.

[39] “Carillion declares insolvency: information for employees, creditors and suppliers”, GOV.UK, 26 de enero de 2018, https://www.gov.uk/government/news/carillion-declares-insolvency-information-for-employeescreditors-and-suppliers. Estas cifras comprenden los contratos directos, las empresas conjuntas, las iniciativas de financiamiento privado y las subcontrataciones (fuente: consulta al Parlamento (PQ) Nro. 122758, respondida el 18 de enero de 2018).

[C] En enero de 2018, el Registro de Sociedades Comerciales del Reino Unido (Companies House) contenía alrededor de 100 sociedades y empresas cuya denominación social incluía el nombre “Carillion”. Véase: Federico Mor, Lorraine Conway, Djuna Thurley, y Lorna Booth, “The collapse of Carillion”, Biblioteca de la Cámara de los Comunes, 14 de marzo de 2018, 30, https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8206/CBP-8206.pdf.

[40] Ibid.

[41] “Carillion was left with just £29m before going bankrupt”, BBC, 17 de en erode 2018, https://www.bbc.co.uk/news/business-42710795.

[42] Simon Wilcox, “The Public Procurement Scandal”, Business Matters, 31 de julio de 2013, https://bmmagazine.co.uk/opinion/the-public-procurement-scandal/.

[43] Lord Young, “Report on Small Firms 2010 to 2015”, Departamento de Empresas, Energía, Innovación y Habilidades del Reino Unido, febrero de 2015, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/402897/Lord_Young_s_enterprise_report-web_version_final.pdf.

[44] “The role of government procurement in international trade”, OCDE, s.f., https://www.oecd.org/trade/topics/government-procurement/.

[45] “Measurement of impact of cross-border penetration in public procurement”, Comisión Europea, (Bruselas: Comisión Europea, 2017), 11, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5c148423-39e2-11e7-a08e-01aa75ed71a1.

[46] José Azar, Martin C. Schmalz, e Isabel Tecu, “Anticompetitive Effects ofCommon Ownership”, Journal of Finance 73, nro. 4 (10 de mayo de 2018), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2427345.

[47] Patrick Dennis, Kristopher Gerardi, y Carola Schenone, “CommonOwnership Does Not Have Anti-Competitive Effects in the Airline Industry”, Social Science Research Network (SSRN), 26 de junio de 2020, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3063465.

[D] Las acciones al portador son instrumentos representativos de acciones, cuyo portador es el accionista legítimo a quien se pagan los dividendos. Como no se registran y su titularidad puede cambiar fácilmente, carecen de una regulación y control efectivos, por lo que pueden utilizarse con fines ilícitos. Dado su carácter opaco, las acciones al portador han sido prohibidas en muchos países.

[48] “Key Events in Babis’s Stork Nest (Capi Hnizdo) EUSubsidy Fraud Case”, Prague Business Journal, 31 de enero de 2020, https://praguebusinessjournal.com/key-events-in-babiss-stork-nest-capi-hnizdo-eu-subsidy-fraud-case/.

[49] Jennifer Rankin, “EU antifraud office finds ‘irregularities’ in payments allegedly obtained by Czech PM”, Guardian, 5 de enero de 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/jan/05/eu-antifraud-office-findsirregularities-in-payments-allegedly-obtained-by-czech-pm.

[E] Para obtener más información sobre el caso Agrofert y el impacto que la transparencia de los beneficiarios finales ha tenido en Eslovaquia, consulte: Tymon Kiepe, Louise Russell-Prywata, y Victor Ponsford, “Early impacts of public registers of beneficial ownership: Slovakia”, Open Ownership, septiembre de 2020, https://www.openownership.org/uploads/slovakia-impact-story.pdf.

[50] “Gender procurement”, Instituto Europeo de la Igualdad de Género, s.f., https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-procurement.

[51] Charlie Hart, “Public procurement ‘critical’ to reach development goals”, Supply Management, 22 de enero de 2020, https://www.cips.org/supply-management/news/2020/january/public-procurement-critical-to-reach-development-goals/.

[52] OCDE, “The role of government procurement in international trade”.

[53] “World Bank Group gender strategy (FY16-23): gender equality, poverty reduction and inclusive growth”, Banco Mundial, 1 de diciembre de 2015, https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/820851467992505410/world-bank-group-gender-strategyfy16-23-gender-equality-poverty-reduction-and-inclusive-growth.

[54] “Adquisiciones ecológicas: manual sobre la contratación pública ecológica (3.ª edición)” Comisión Europea y Gobiernos Locales para la Sostenibilidad (ICLEI), (Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2016), https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_es.pdf.

[55] “Public Procurement for Innovation: Good Practices andStrategies”, OCDE, (París: OECD Publishing, 2017), https://dx.doi.org/10.1787/9789264265820-en.

[56] “New EU public procurement rules: Less bureaucracy, higher efficiency”, Comisión Europea, 19 de noviembre de 2015, https://ec.europa.eu/growth/content/new-eu-public-procurement-rules-less-bureaucracy-higher-efficiency-0_en.

[57] “Benchmarking Public Procurement 2017: Assessing Public Procurement Regulatory Systems in 180 Economies”, Banco Mundial, (Washington DC: Banco de Reconstrucción y Fomento/ Banco Mundial, 2016), http://documents1.worldbank.org/curated/en/121001523554026106/BenchmarkingPublic-Procurement-2017-Assessing-Public-Procurement-Regulatory-Systemsin-180-Economies.pdf.

[58] Trinidad Inostroza, “Una herramienta estratégica para la eficiencia del Estado”, ChileCompra, s.f., https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/s02_01_trinidad_inostroza.pdf.

[59] Katrina Crocker, Felix Moser-Boehm, and Laura Rowe, “Trade and Gender in Public Procurement” (Kingston: TradeLab, 2018), 2, https://georgetown.app.box.com/s/sv40lfd29gft2eeaqbqghr0ctfc2u4ov.

[60] GAO, “Defense Procurement: Ongoing DOD Fraud Risk Assessment Efforts Should Include Contractor Ownership”.

[61] “Aventura et al Complaint”, Departamento de Justicia, Distrito Este de Nueva York, s.f., https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1215951/download#page=8.

[62] Rachael Hanna, “Shell Corporations FacilitateContracting Fraud at the Department of Defense”, Lawfare, 21 de abril de 2020, https://www.lawfareblog.com/shell-corporations-facilitate-contracting-fraud-department-defense.

[63] “SASAE 3502: Assurance engagements on Broad-Based BlackEconomic Empowerment (B-BBEE) verification certificates”, Independent Regulatory Board for Auditors (IRBA), noviembre de 2012, https://www.irba.co.za/upload/SASAE%203502%20Assurance%20Engagements%20November%202012.pdf.

[64] “Major B-BBEE Transactions Analysis Report: 2018/2019”, Comisión B-BBEE, marzo de 2020, https://www.bbbeecommission.co.za/wp-content/uploads/2020/08/ALIGNED-FINAL-MAJOR-TRANSACTION-REPORT-23-MARCH-2020.pdf.

[65] Simone Liedtke, “Fronting still a major issue in delivering on economic transformation, says commission”, Engineering News, 22 de octubre de 2020, https://www.engineeringnews.co.za/article/fronting-still-a-major-issuein-delivering-on-economic-transformation-says-commission-2020-10-22/rep_id:4136.

[66] “Cómo empoderar a empresas lideradas por mujeres y lograr una mayor inclusión en la contratación pública”, OCP y Value for Women, julio de 2020, https://www.open-contracting.org/wp-content/uploads/2020/07/OCP2020-Perspectivas-genero-contrataciones.pdf.

[67] “Beneficial ownership and public procurement systems”, mySociety y Spend Network, junio de 2020, 49. Informe de prospección WP1845, junio de 2020, https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/digital-outcomes-and-specialists/opportunities/11371.

[68] “Indigenous Procurement Policy overview”, Agencia Nacional de Australianos Indígenas (NIAA), 15 de abril de 2020, https://www.niaa.gov.au/resource-centre/indigenous-affairs/indigenous-procurement-policy-overview.

[69] “Commonwealth Indigenous Procurement Policy”, Mancomunidad de Australia, 1 de julio de 2015, https://www.niaa.gov.au/sites/default/files/publications/indigenous-procurement-policy.pdf.

[70] “Beneficial Ownership Transparency”, Open Government Partnership Australia, 2020, https://ogpau.pmc.gov.au/consultations/phase-2b-deliberation-drafting/beneficial-ownership-transparency-accuracy.

[71] “Ending Anonymous Companies: Tackling Corruption and Promoting Stability through Beneficial Ownership Transparency”, The B Team, Issuu, enero de 2015, 8, https://issuu.com/the-bteam/docs/bteam_business_case_report_final.we?e=15214291/11025500.

[72] Spend Network, “Why Beneficial Ownership Data Should Interest You”.

[73] “Creación de una cadena de suministro más inteligente: el potencial de la IA y blockchain para incrementar la visibilidad sobre la cadena de suministro y mitigar las disrupciones” IBM, (EE. UU.: IBM Corporation, 2019), https://www.ibm.com/downloads/cas/EZLKMERW.

[74] Petrus van Duyne, Jackie Harvey, y Liliya Gelemerova, The Critical Handbook of Money Laundering (Palgrave Macmillan, 2018), 254.

[75] Matthew Davis, “Transparency Encourages Foreign Investment”, National Bureau of Economic Research, marzo de 2003, https://www.nber.org/digest/mar03/transparency-encourages-foreign-investment.

[76] “Towards a Global Norm of Beneficial Ownership Transparency”, Adam Smith International, marzo de 2019, https://adamsmithinternational.com/app/uploads/2019/07/Towards-a-Global-Norm-of-Beneficial-Ownership-Transparency-Phase-2-Paper-March-2019.pdf.

[77] “Review of the implementation of the PSC Register”, Departamento de Empresas, Energía y Estrategia Industrial (BEIS), marzo de 2019, 31 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/822823/review-implementation-psc-register.pdf.

[78] Dow Jones y SWIFT, “Global Anti-money Laundering Survey Results 2017”, 25.

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