Los datos sobre los beneficiarios finales en el contexto de las adquisiciones

Publication date: 11 March 2021
Authors: Tymon Kiepe, Eva Okunbor
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La puesta en marcha del uso de datos sobre los beneficiarios finales en las adquisiciones

Poner en marcha el uso de datos sobre los beneficiarios finales en las adquisiciones exige decidir varias cuestiones, entre ellas, de dónde obtener dichos datos, cómo y cuándo recopilarlos, y cómo verificarlos, además de si se publican o no. Todo esto repercutirá en la calidad y capacidad de uso de los datos. La manera y el formato en que se recopilen los datos también incidirán en la posibilidad de vincularlos con otros conjuntos de datos, lo cual podría posibilitar ciertos tipos de análisis específicos. La siguiente sección señala una serie de cuestiones fundamentales que los responsables de la implementación deberían tener en consideración.

Recolección y alcance de los datos

En líneas generales, los gobiernos que implementan el uso de datos sobre los beneficiarios finales en las adquisiciones pueden comprar esos datos de fuentes comerciales o bien recopilarlos por cuenta propia en un registro centralizado. Esto último constituye una buena práctica, ya que permite que diferentes grupos de usuarios (entre ellos, las autoridades encargadas de las adquisiciones) accedan a la información en un mismo lugar centralizado y en un formato estandarizado. Esto elimina algunas de las barreras de índole práctica y económica que obstaculizan el acceso a la información sobre los beneficiarios finales y su análisis [79]. Si los gobiernos deciden recopilar los datos por cuenta propia en un registro centralizado para colaborar con los procesos de adquisición, existen dos opciones principales:

Los gobiernos pueden recolectar los datos durante el proceso de adquisición y conservarlos en un registro central específico para las adquisiciones;
Los gobiernos pueden extraer los datos de un registro de beneficiarios finales centralizado que abarque todos los sectores en la economía y utilizarlos en los procesos de adquisición.

En ambos casos, existen aspectos prácticos y técnicos que deben tenerse en cuenta para maximizar la eficacia de las divulgaciones. Open Ownership (OO) elaboró un conjunto de principios para lograr una divulgación eficaz (ver Recuadro 5), dirigidos a los gobiernos que desean implementar registros centrales, y que se aplican también a los registros específicos para las adquisiciones.

Recuadro 5: Los Principios de Open Ownership para lograr una divulgación eficaz de los beneficiarios finales

OO desarrolló los Principios de OO con el fin de ofrecer un estándar de referencia para lograr una divulgación eficaz de los beneficiarios finales. Su objetivo es ayudar a los gobiernos que desean llevar a cabo reformas en materia de beneficiarios finales, y brindar orientación a las instituciones internacionales, la sociedad civil y los actores del sector privado para que comprendan y promuevan reformas efectivas. Estos nueve principios son necesarios a efectos de maximizar la capacidad de uso y minimizar los recovecos legales mediante datos de alta calidad y confiables.

Debería haber definiciones claras y sólidas de beneficiarios finales en la ley, además de umbrales bajos para determinar cuándo se divulgan la titularidad y el control.
Las divulgaciones deberían alcanzar deforma integral a todos los tipos pertinentes de entidades jurídicas y personas físicas.
Las divulgaciones sobre los beneficiarios finales deberían contener detalles suficientes para que los usuarios puedan comprender y utilizar los datos.
Los datos deberían recopilarse en un registro central.
Los datos deberían ser disponibles al público.
Los datos deberían ser estructurados e interoperables.
Deberían tomarse medidas para verificar los datos.
Los datos deberían mantenerse actualizados y deberían conservarse los registros históricos.
Deberían existir y aplicarse eficazmente sanciones adecuadas para casos de incumplimiento.

Para obtener más información, consulte la página: www.openownership.org/principles.

Datos sobre beneficiarios finales procedentes de fuentes comerciales

Los datos sobre beneficiarios finales que proceden de terceros privados presentan limitaciones inherentes. Los proveedores de datos sobre beneficiarios finales del sector privado que desarrollan conjuntos de datos propios suelen tener limitaciones en cuanto a su capacidad de visualizar (o su derecho a distribuir) los datos sobre los beneficiarios finales en forma integral, y a menudo infieren los datos a partir de información parcial. No tienen la capacidad de coordinar los conocimientos de los beneficiarios finales, accionistas y empresas, ni tampoco pueden garantizar el alcance del mismo modo que sí puede hacerlo un gobierno que goce de las facultades y el mandato apropiados [80]. Por ejemplo, el sistema ARACHNE de la UE utiliza datos suministrados por Bureau van Dijk a través de ORBIS [81] —un conjunto de datos de origen comercial que incluye datos sobre los beneficiarios finales— para detectar posibles conflictos de intereses. Sin embargo, existen debates en torno a la calidad de los datos de ORBIS, y algunos usuarios han señalado deficiencias en cuanto al alcance de sus datos concernientes a ciertos países (Alemania, por ejemplo). Si bien ORBIS comprende una enorme cantidad de empresas, la diversidad en cuanto al alcance en cada país pone de relieve que los datos sobre beneficiarios finales suministrados por proveedores privados no reemplazan la creación de leyes por parte del Estado para que las empresas divulguen sus beneficiarios finales [82].

Registros centrales

Varios gobiernos recopilan datos sobre los beneficiarios finales por cuenta propia específicamente para las adquisiciones (ver, por ejemplo, el Recuadro 6). En este supuesto, la información sobre los beneficiarios finales puede recolectarse en diferentes etapas del proceso de contratación (ver Figura 1). Los gobiernos deben asegurarse de que sus regímenes de divulgación alcancen de forma integral a las entidades jurídicas a fin de satisfacer sus objetivos de políticas. La cuestión de cómo y cuándo recopilar los datos trae aparejadas distintas ventajas y desventajas en cuanto a la exactitud y la calidad de los datos, y lo que puede hacerse con ellos.

A modo de ejemplo, si una jurisdicción no posee un registro central de beneficiarios finales pero desea utilizar datos sobre estos sujetos para prevenir situaciones de fraude y corrupción, debe recolectar información sobre los beneficiarios finales de todas las entidades oferentes, además de realizar controles respecto de los beneficiarios finales del adjudicatario del contrato. De lo contrario, no podrá detectar los eventuales casos de manipulación de licitaciones. La propuesta británica de un registro de beneficiarios finales de las empresas extranjeras y otras entidades jurídicas aspira a recolectar datos sobre los beneficiarios finales de las entidades extranjeras que pretendan participar en licitaciones de contratos gubernamentales que superen un determinado umbral. Sin embargo, la propuesta consiste en recopilar estos datos únicamente con respecto a los adjudicatarios de los contratos, por lo cual sería imposible detectar casos de manipulación de licitaciones por parte de cárteles [83]. Por otra parte, la recolección de información sobre los beneficiarios finales exclusivamente para las adquisiciones puede restringir la capacidad de los gobiernos de utilizar esos datos en otras áreas de políticas.

Los gobiernos también tienen la posibilidad de recolectar información en un registro central sobre todas las entidades jurídicas de una determinada jurisdicción como parte de un régimen de transparencia en materia de beneficiarios finales y, posteriormente, utilizar estos datos en las adquisiciones. En este supuesto, la información sobre los beneficiarios finales puede recopilarse y corroborarse en diferentes etapas del ciclo de vida de la empresa y de las adquisiciones. La presencia de un régimen de transparencia en materia de beneficiarios finales que abarque toda la economía puede ofrecer un mejor panorama de las estructuras de titularidad completas si se recopilan suficientes detalles. Esto puede revelar la existencia de otras entidades jurídicas dentro de una estructura de titularidad que no saldrían a la luz si los datos sobre los beneficiarios finales solo se recolectaran específicamente para las adquisiciones.

Un aspecto clave que los implementadores deberían tener en cuenta es si el régimen de divulgación alcanza de forma integral a todas las compañías pertinentes a los procesos de adquisición como, por ejemplo, las entidades extranjeras. La utilización de datos de otras jurisdicciones —suponiendo que estén disponibles— posiblemente no sea factible en el futuro cercano, ya que hay aspectos, como las definiciones legales y los estándares de verificación, que pueden ser diferentes. El Reino Unido, por ejemplo, ha propuesto la creación de un registro individual para las entidades extranjeras que deseen celebrar negocios con el Gobierno, más allá de su registro central de beneficiarios finales de las entidades jurídicas británicas [84]. Es posible que los implementadores se encuentren con dificultades adicionales a la hora de verificar a los beneficiarios finales de las entidades extranjeras (por ejemplo, al corroborar la identidad de los ciudadanos extranjeros).

La recopilación de datos sobre los beneficiarios finales de todas las entidades jurídicas, además, permite que los gobiernos utilicen esos datos en otras áreas de políticas diversas (por ejemplo, la lucha contra el lavado de dinero), en las que algunos países tal vez ya hayan asumido compromisos internacionales. En la República Checa, por ejemplo, los adjudicatarios de los contratos debían presentar información sobre sus beneficiarios finales como requisito previo para las contrataciones. Tras la puesta en marcha de un registro centralizado de beneficiarios finales de acuerdo con lo previsto en las Directivas cuarta y quinta de la UE contra el blanqueo de capitales, la República Checa eliminó su requisito de presentar datos sobre los beneficiarios finales en el marco de las adquisiciones. En vez de que el proveedor tenga que presentar esta información como parte del proceso adquisitivo para cada licitación, las autoridades responsables de la contratación buscan la información pertinente en el Registro de Beneficiarios Finales, cuya administración está a cargo de los tribunales registrales [85].

Actualmente, no parece haber muchos gobiernos que utilicen los datos sobre los beneficiarios finales en las adquisiciones. Y, cuando sí lo hacen, no se trata de una medida sistemática, sino que parece realizarse solo para el caso concreto y sin comunicarlo de manera amplia. La guía publicada por el Banco Mundial en 2020 sobre buenas prácticas para prevenir y manejar los conflictos de intereses en el sector público (Good Practices Guide for Preventing and Managing Conflicts of Interest in the Public Sector), por ejemplo, solo menciona a Chile, Indonesia, Moldavia y Ucrania entre los países que recopilan estos datos como parte de un procedimiento estándar [86]. En contraposición, de los pocos otros países que sí cuentan con registros centrales y públicos de beneficiarios finales, la mayoría no parece utilizarlos de manera sistemática en las adquisiciones. El Recuadro 6 explica cómo Ucrania recopila datos sobre los beneficiarios finales de todas las entidades jurídicas como parte de su régimen de transparencia en materia de beneficiarios finales y, posteriormente, los utiliza en sus procesos adquisitivos.

Recuadro 6: La plataforma ProZorro de Ucrania

La plataforma en línea para adquisiciones de Ucrania, ProZorro, es considerada una de las mejores plataformas del mundo para el control del gasto público [87]. Su implementación fue parte de las reformas adoptadas en 2014 en pos de la transparencia de las adquisiciones. Ucrania, además, recolecta información sobre los beneficiarios finales de las entidades jurídicas inscriptas en el país en un registro central de acceso público, conocido como el Registro Estatal Unificado de Entidades Jurídicas. En virtud de la Ley de Adquisiciones Públicas de Ucrania (artículo 17), la entidad adquirente debería rechazar la participación del oferente en el proceso adquisitivo si el Registro Estatal Unificado no contiene información sobre el beneficiario final de la entidad jurídica en cuestión. La información sobre los oferentes y adjudicatarios, incluidos los datos sobre sus beneficiarios finales, se encuentra disponible en línea y sin cargo en ProZorro, y también en formato legible por medios informáticos, lo cual posibilita su fiscalización y supervisión por parte del público [88]. Según un estudio de OCP, ProZorro ha hecho posible ahorrar al menos un 10 % del presupuesto para adquisiciones al fomentar la competencia y reducir la corrupción [89].

Acceso público

La publicación de datos sobre los beneficiarios finales —para las adquisiciones o con otro alcance— fomenta un mayor nivel de utilización de los datos y fiscalización que probablemente eleve la calidad de la información. Y, además, puede tener un efecto disuasivo. Es por ello que, a efectos de extraer el máximo beneficio y utilidad de los datos sobre los beneficiarios finales en las adquisiciones —incluidos sus efectos sistémicos e indirectos— los gobiernos deberían recopilar, verificar y publicar esos datos de forma centralizada. Esto también posibilita que los gobiernos utilicen los datos sobre los beneficiarios finales en otras áreas de políticas.

Si bien hay argumentos válidos a favor de hacer públicos los datos para maximizar la eficacia de los datos sobre los beneficiarios finales en las adquisiciones públicas, existen inquietudes legítimas en materia de privacidad con respecto a la publicación de ciertas características de los individuos y los efectos desiguales que ello podría producir. Como principio general, los gobiernos y las compañías no deberían recopilar ni divulgar datos más allá de lo mínimo que sea indispensable para alcanzar sus objetivos de políticas, ni tampoco datos que conlleven un riesgo significativo de causar daño [90]. Los gobiernos deberían estar atentos a qué datos recolectan y qué campos publican, y evaluar las excepciones caso por caso cuando la publicación de ciertos datos traiga aparejados riesgos verosímiles para un individuo [F].

Datos estructurados e interoperables en materia de beneficiarios finales y adquisiciones

A nivel internacional, se observa una creciente tendencia hacia la administración gubernamental electrónica y las adquisiciones electrónicas [91]. La puesta en práctica del uso de datos sobre los beneficiarios finales en las adquisiciones resulta una labor más sencilla cuando se emplean tecnologías digitales integradas en lugar de sistemas basados en papel. A fin de maximizar los posibles beneficios del uso de datos sobre los beneficiarios finales en las adquisiciones, dicha información debería recopilarse y almacenarse bajo la forma de datos estructurados, interoperables y legibles por medios informáticos, susceptibles de ser analizados de manera sencilla y económica. Cuando los datos sobre los beneficiarios finales se combinan con otros conjuntos de datos abiertos y estructurados, como los relativos a las contrataciones abiertas y los gastos, los análisis pueden aportar valiosos conocimientos sobre las prácticas de adquisición, los modelos de consumo y las transacciones con los proveedores.

Existen varios estándares de datos que los gobiernos implementadores pueden incorporar de manera inmediata y sin necesidad de adaptarlos, que facilitan el intercambio de datos de forma sencilla entre sistemas. El Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (OCDS/EDCA) fue desarrollado por Open Contracting Partnership con esta finalidad, y se utiliza en varios lugares del mundo. Este estándar parte de la premisa de que debería poder hacerse un seguimiento de los procesos de contratación desde su planificación hasta su implementación a través de un identificador único [G]. En lo que respecta a los datos sobre beneficiarios finales, OO ha desarrollado el Estándar de Datos sobre Beneficiarios Finales (BODS), que ofrece una plantilla estructurada para describir a estos sujetos en formato de datos legibles por medios informáticos, disponiendo puntos de datos clave con vistas a su recopilación por parte de los implementadores [H]. Los datos de los estándares OCDS/EDCA y BODS pueden combinarse fácilmente.

Cuando se combinan conjuntos de datos, es fundamental poder identificar a los individuos y las empresas en ellos. Establecer correspondencias entre personas presentes en diferentes conjuntos de datos mediante identificadores tales como los nombres es una práctica poco confiable, requiere mucho trabajo, y no resulta viable para conjuntos de datos más grandes [92]. Un enfoque superador consiste en utilizar identificadores únicos. La combinación de conjuntos de datos diferentes permite realizar análisis que no serían posibles de otra forma. Así, por ejemplo, no se puede analizar exhaustivamente un sistema de adquisiciones si no se vinculan los datos sobre estas últimas con los datos sobre gastos.

Utilizando como identificadores únicos los números de identificación nacional incluidos en las divulgaciones sobre beneficiarios finales, Global Witness logró vincular unas concesiones mineras de jade con funcionarios estatales de Myanmar [93]. Algunos gobiernos implementadores de la transparencia en materia de beneficiarios finales, como Nigeria y Jordania, están desarrollando identificadores únicos para sus propios registros.

Cuando estos diferentes conjuntos de datos se expresan empleando un mismo formato, se vuelve posible incorporarlos a los flujos de trabajo estándar y automatizar los análisis. Esto ha sido demostrado a través del prototipo Bluetail, que vincula los datos sobre las contrataciones y sobre los beneficiarios finales de numerosos oferentes, además de detectar señales de alerta (como, por ejemplo, que un mismo beneficiario final figure en varias ofertas). El Proyecto Sinar de Malasia, una organización de tecnología cívica que emplea fuentes de datos abiertos para exigir a su gobierno que rinda cuentas, desarrolló Telus. Telus es una aplicación de servicios web que importa y combina fuentes de datos abiertos sobre PEP (utilizando la API Popit), beneficiarios finales (empleando datos del Registro Global basados en el Estándar BODS) y contratos de adquisiciones (usando el Estándar OCDS/EDCA) para exponer conflictos de intereses en las adquisiciones [94].

Figura 4. Bluetail: un prototipo para el uso de datos estructurados sobre los beneficiarios finales en las adquisiciones

Open Ownership ha tomado como base un prototipo desarrollado por mySociety y Spend Network llamado Bluetail, que muestra cómo pueden usarse los estándares BODS y OCDS/EDCA para generar avisos de alerta automáticos ante riesgos de corrupción y colusión durante los controles de idoneidad de los licitantes que realizan los funcionarios responsables de las adquisiciones. Para obtener más información, consulte la página: www.openownership.org/blogs/tps-prototyping. Fuente: bluetail.herokuapp.com/tenders.

Verificación

Para maximizar el impacto de los datos sobre los beneficiarios finales, es importante que los usuarios y las autoridades puedan confiar en que los datos obrantes en un registro reflejan, en términos generales, la realidad auténtica y actualizada sobre quién es el propietario o controlante de una empresa determinada. Esto puede lograrse a través de la verificación [I] (definida como la combinación de controles y procesos que elige un régimen de divulgación en particular para garantizar que los datos sobre los beneficiarios finales sean de alta calidad, es decir, que sean exactos y completos en un momento determinado). Esto puede incluir tareas tales como controlar que los datos guarden conformidad con los patrones conocidos y previstos, realizar verificaciones cruzadas de los datos con otros conjuntos de datos conservados por el gobierno, y corroborar frecuentemente que los datos sean correctos.

Los datos deberían verificarse al momento de su presentación y actualizarse —o confirmarse que sigan reflejando la realidad— de forma regular. Los funcionarios a cargo de las adquisiciones deben poder confiar en que los datos son correctos al momento de tomar decisiones, por lo cual estos deberían verificarse (o volver a verificarse) en ese momento, como mínimo. Las oportunidades para verificar los datos a lo largo del ciclo de vida de una empresa son mayores cuando estos se encuentran en una base de datos centralizada, en contraposición a cuando se recolectan y almacenan exclusivamente para las adquisiciones [95]. La divulgación pública de los datos incrementa su uso y permite que la sociedad civil, el sector privado y la población en general realicen ulteriores verificaciones.

Sanciones y aplicación coactiva de las normas

Cuando los gobiernos utilizan datos sobre los beneficiarios finales en las adquisiciones, pueden mejorar el cumplimiento del régimen de transparencia en materia de beneficiarios finales mediante la imposición de sanciones previstas específicamente para los procesos adquisitivos. Varios países han puesto en práctica sanciones por no presentar información o bien aportar datos incorrectos sobre los beneficiarios finales (ver, por ejemplo, el Recuadro 7). Estas sanciones van desde impedir que las empresas y sus beneficiarios finales firmen contratos, hasta su exclusión para participar en procesos de adquisición por un determinado período de tiempo. Las sanciones no reemplazan la realización de un adecuado control previo de debida diligencia. La exclusión de ciertas compañías puede redundar en carencias en las adquisiciones, pero la presencia de sanciones ayuda a elevar el nivel de cumplimiento. La puesta en práctica de un régimen de transparencia plena en materia de beneficiarios finales permite que los gobiernos apliquen sanciones con mayor eficacia (por ejemplo, la exclusión para participar en procesos de adquisición), ya que se vuelve más difícil para las personas esconderse detrás de estructuras de titularidad complejas.

Recuadro 7: Registro de Socios del Sector Público de Eslovaquia

En 2017, Eslovaquia puso en funcionamiento el Registro de Socios del Sector Público, un registro de beneficiarios finales específico para las adquisiciones. Todas las entidades privadas que proveen bienes y servicios al sector público que superan un determinado valor quedan comprendidas en él, al igual que todas aquellas que adquieren activos o reciben contribuciones financieras calificadas del sector público (superiores a EUR 100.000 por un contrato individual y EUR 250.000 por contratos anuales recurrentes). La inscripción en el registro corresponde únicamente a los adjudicatarios, y constituye una responsabilidad del socio del sector público (SSP) y una condición previa necesaria para hacer negocios con el sector público. Los SSP no pueden registrarse por cuenta propia, sino que deben recurrir a una persona autorizada designada —un abogado, notario, auditor, banquero o asesor impositivo— que los registre y, además, verifique los datos presentados. Los documentos concernientes a estas verificaciones también se encuentran disponibles al público.

El incumplimiento de esta obligación de registrarse puede derivar en la aplicación de sanciones al SSP, los miembros de su órgano estatutario, la persona autorizada o los beneficiarios finales. Además de multas, entre las sanciones más graves se encuentra el riesgo de que la entidad del sector público desista del acuerdo con el SSP en cuestión con efecto inmediato, o la imposición de restricciones para comerciar con el sector público en el futuro. El Registro de PSP ya ha generado repercusiones. En este sentido, ha derivado en una serie de demandas judiciales y ha ayudado a depurar las adquisiciones públicas, además de reducir los riesgos para los subcontratistas de las PyME [96].

Notas al pie

[79] “Principles”, Open Ownership, actualizado por última vez en noviembre de 2020, https://www.openownership.org/principles/central-register/.

[80] Jack Lord, “Beneficial Ownership Registers: who knows what?” Notes on open data and transparency, 8 de noviembre de 2018, https://www.opendatanotes.com/post/beneficial-ownership-registers-who-knows-what-when/.

[81] “Arachne: Frequently asked questions”, Comisión Europea, 7 de agosto de 2017, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15097&langId=en.

[82] Che Sidanius, “Why firms want more company ownership data”, LinkedIn, 13 de mayo de 2020, https://www.linkedin.com/pulse/why-firms-want-more-company-ownership-data-che-sidanius.

[83] “A Register of Beneficial Owners of Overseas Companies and Other Legal Entities: The Government Response To The Call For Evidence”, BEIS, marzo de 2018, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/681844/ROEBO_Gov_Response_to_Call_for_Evidence.pdf.

[84] Paul Scully, “Register of Beneficial Owners of Overseas Entities Update”, Parlamento del Reino Unido, 21 de julio de 2020, https://questionsstatements.parliament.uk/written-statements/detail/2020-07-21/HCWS413.

[85] Kristína Bartošková, “Amendment to Regulation of BeneficialOwner Identification in Czech Public Procurement”, Baker McKenzie, s.f., https://publicprocurement.bakermckenzie.com/pages/czech-republic-beneficial-owner-identification/.

[86] “Good Practices Guide: Preventing and Managing Conflicts of Interest in the Public Sector”, Banco Mundial, julio de 2020, 50, http://documents1.worldbank.org/curated/en/950091599837673013/pdf/Preventing-and-Managing-Conflicts-of-Interest-in-the-Public-Sector-Good-Practices-Guide.pdf.

[87] “Where do we go from here to stop the pandemic?”, Transparencia Internacional, 29 de abril de 2020, https://www.transparency.org/en/news/where-do-we-go-from-here-to-stop-the-pandemic.

[88] “Guide to Beneficial Ownership Information in Ukraine: Legal Entities and Legal Arrangements”, Foro Global sobre Recuperación de Activos (GFAR), diciembre de 2017, https://star.worldbank.org/sites/star/files/bo_country_guide_ukraine_english_final.pdf.

[89] David Marghania y Tato Urjumelashvili, “Open Contracting inUkraine: a collaborative effort for procurement reform”, OCP, 2 de junio de 2015, https://www.open-contracting.org/2015/06/02/open_contracting_in_ukraine_a_collaborative_effort_for_procurement_reform/.

[90] “Data Protection and Privacy in Beneficial Ownership Disclosure”, The Engine Room, Open Ownership, y The B Team, mayo de 2019, https://www.openownership.org/uploads/oo-data-protection-and-privacy-188205.pdf.

[F] En el Reino Unido, por ejemplo, las personas pueden solicitar que se oculte su información obrante en el registro público cuando existen características personales que, asociadas a una empresa, exponen al solicitante “o a cualquier persona que conviva con él o ella, a un riesgo grave de sufrir violencia o intimidación”. Véase: “Applying to protect your personal information on the Companies House register”, GOV.UK, 16 de septiembre de 2020, https://www.gov.uk/guidance/applying-to-protect-your-personal-information-on-the-companies-house-register.

[91] Banco Mundial, “Benchmarking Public Procurement 2017: Assessing Public Procurement Regulatory Systems in 180 Economies”, 28.

[G] Para obtener más información sobre el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (OCDS/EDCA), consulte la página: www.open-contracting.org/data-standard.

[H] El Estándar de Datos sobre Beneficiarios Finales (BODS) ha sido desarrollado con el fin de proporcionar un marco conceptual y práctico robusto para la recolección y publicación de datos sobre los beneficiarios finales, y para posibilitar que los datos resultantes sean interoperables, más fáciles de reutilizar, y de mayor calidad. El Estándar BODS ha sido elaborado de forma colaborativa con decenas de expertos en materia de datos sobre empresas y creación de estándares técnicos, pertenecientes a la sociedad civil, el ámbito empresarial y el mundo académico. También se ha desarrollado una herramienta individual que permite visualizar los datos. Consulte la página: standard.openownership.org.

[92] Alex Parsons, “Using private IDs in public: Options for improving deduplication in ownership data”, mySociety Research, julio de 2020, https://research.mysociety.org/media/outputs/Using_private_IDs_in_public__CwJQbXH.pdf.

[93] “Jade: A Global Witness investigation into Myanmar’s ‘Big State Secret’”, Global Witness, octubre de 2015, https://www.globalwitness.org/jade-story/.

[94] “Telus”, Proyecto Sinar, s.f., https://sinarproject.org/transparency/telus.

[I] Para obtener más información, consulte el informe de políticas de Open Ownership relativo a la verificación de los datos sobre beneficiarios finales: Kiepe, “Verificación de los datos sobre beneficiarios finales”.

[95] Alex Parsons, “Collecting and making use of beneficial ownership data”, mySociety Research, julio de 2020, https://www.mysociety.org/2020/07/31/collecting-and-making-use-of-beneficial-ownership-data/.

[96] Kiepe y otros, “Early impacts of public registers of beneficial ownership: Slovakia”.

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