Los beneficiarios finales en la reforma de la contratación pública en Chile
Lecciones clave
- El fortalecimiento legal e institucional, junto con la autonomía técnica, son fundamentales para implementar reformas ambiciosas y sostenibles en materia de integridad pública. La reforma no solo amplió el marco legal, sino que también otorgó a ChileCompra nuevos requisitos y facultades, como la obligación de denunciar irregularidades a los organismos de supervisión y la capacidad de solicitar información directamente a otros organismos públicos. Esto ha potenciado un liderazgo autónomo y empoderado, dispuesto a innovar, adaptarse y desarrollar una cultura de transparencia en la implementación ágil de las políticas compartiendo abiertamente los desafíos y buscando comprenderlos para determinar las vías de mejora. Esto incluye los resultados del Observatorio de ChileCompra.
- Crear incentivos empresariales y simplificar la divulgación de información es más eficaz que confiar únicamente en medidas disuasivas para garantizar el cumplimiento. La obligación de divulgar información sobre beneficiarios finales no se impuso de forma aislada, sino como requisito para operar en la plataforma nacional de contratación, Mercado Público. El proceso de divulgación se facilitó prellenando las declaraciones a través de sus conexiones con otros sistemas gubernamentales. Este enfoque pragmático dio como resultado altos niveles de cumplimiento, 59 % en solo tres meses, sin depender de costosos mecanismos de aplicación. Esta estrategia mejoró la eficiencia regulatoria y redujo la carga para los proveedores y ChileCompra.
- La transparencia preventiva y la supervisión en tiempo real son herramientas poderosas para mitigar los riesgos de integridad, incluso en mercados complejos y abiertos. A pesar de ampliar la definición legal de “conflicto de intereses”, y, por lo tanto, aumentar la probabilidad de detección, el número de casos identificados por el Observatorio de ChileCompra disminuyó un 69 % desde el inicio de la reforma. Esto sugiere que garantizar que un organismo con sólidos poderes institucionales y una cultura de rendición de cuentas pueda gestionar un sistema basado en alertas tempranas, análisis automatizado y seguimiento institucionalizado puede contribuir a modificar eficazmente el comportamiento, incluso en mercados fragmentados como el de Chile, en el que operan anualmente más de 110.000 proveedores nacionales y extranjeros. Sin embargo, valdría la pena seguir investigando esta tendencia, ya que otra posible interpretación de este descenso podría ser que el sistema automatizado no es tan eficaz para detectar conflictos de intereses más sutiles y complejos.