Los datos sobre los beneficiarios finales en el contexto de las adquisiciones

Introducción

Las adquisiciones consisten en la contratación de bienes, obras o servicios. Como parte de las garantías mínimas esperables durante una compra, la mayoría de los clientes desean saber a quién le están comprando. Esto se aplica tanto cuando son empresas las que contratan bienes, obras o servicios (adquisiciones), como cuando son los gobiernos los que lo hacen (adquisiciones públicas). En 2018, el doce por ciento del PBI mundial se destinó a adquisiciones públicas [1], lo cual equivale a un total de USD 13 billones anuales [2]. En este sentido, los países con menores ingresos son los que tienden a gastar más, proporcionalmente, en sus compras públicas [3]. Para conocer realmente con quiénes hacen negocios los gobiernos, es esencial saber quiénes son los propietarios directos e inmediatos de las empresas (la titularidad legal), y quiénes son los beneficiarios finales que, en última instancia, obtienen provecho de una empresa y ejercen control sobre ella.

Conocer al beneficiario final de una empresa puede ayudar a revelar la verdadera estructura de titularidad de una entidad jurídica. Muchos gobiernos han asumido un compromiso hacia la transparencia de los beneficiarios finales —es decir, la recopilación de datos sobre los beneficiarios finales de las empresas en un registro por parte del gobierno, y su posterior publicación con fines de supervisión pública— como parte de sus políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Más allá de esto, los datos sobre los beneficiarios finales son una ayuda valiosa para gestionar los riesgos operativos, financieros y reputacionales, ya que revelan quién posee realmente la propiedad y el control de las empresas. Cada vez se reconoce más la importancia de los registros estatales, centralizados y abiertos como la fuente principal de estos datos [4].

Si bien no es nuevo el concepto de gestionar los riesgos recurriendo a diferentes tipos de información sobre la titularidad en las adquisiciones públicas, el uso gubernamental de los datos recopilados y publicados como parte de las iniciativas de transparencia de los beneficiarios finales sigue siendo un terreno relativamente inexplorado [5]. Cada vez son más los países que han comenzado a implementar prácticas de transparencia en materia de beneficiarios finales para las adquisiciones públicas. Entre ellos, cabe citar a Bangladés, Colombia, Egipto y Moldavia [6].

Normalmente, los gobiernos cuentan con políticas de adquisición que buscan prevenir la corrupción y el fraude, además de fomentar la transparencia y una competencia leal y equitativa con miras a brindar servicios con una buena relación precio-calidad a los contribuyentes. Más recientemente, los gobiernos han comenzado a perseguir objetivos adicionales a través de las adquisiciones públicas (p. ej. para garantizar la igualdad de género y la inclusión social, o para fomentar la innovación).

Este informe de políticas describe distintos modos en que los datos sobre los beneficiarios finales mejoran los procesos de adquisición pública y sus objetivos, a saber:

  • Prevenir el fraude y la corrupción, ayudando a detectar potenciales indicios de manipulación de licitaciones y conflictos de intereses
  • Mejorar la prestación de servicios a través de la competencia, gestionando los riesgos para ampliar y diversificar la base de proveedores
  • Verificar la admisibilidad de los proveedores en las adquisiciones estratégicas y preferenciales cuando esto depende de la titularidad
  • Supervisión, verificación y exigencia de rendición de cuentas por parte de la sociedad civil y el público a través de la publicación de datos
  • Evaluar la eficacia de las políticas y mejorarlas, analizando los datos sobre los beneficiarios finales en combinación con otros conjuntos de datos como, por ejemplo, los relativos a las contrataciones abiertas y los gastos
  • Perfeccionar indirectamente los procesos de adquisición a nivel sistémico, mejorando el contexto empresarial al permitir que las compañías utilicen los datos sobre los beneficiarios finales para gestionar y reducir los riesgos en sus propios controles de debida diligencia y otros procesos contra el lavado de dinero

Para los implementadores, el informe describe una serie de decisiones que deben tomarse con respecto a cuándo, dónde y cómo recolectar los datos, y cuál es la mejor forma de verificarlos. Todo ello determinará si los gobiernos pueden emplear los datos sobre los beneficiarios finales en las adquisiciones, y de qué manera. La mayoría de los estudios de casos se centran en las adquisiciones públicas a nivel nacional y pueden aplicarse a las adquisiciones de los gobiernos locales, donde el estándar de debida diligencia normalmente es más bajo.

Actualmente, no parece haber muchos gobiernos que utilicen los datos sobre los beneficiarios finales en las adquisiciones. Y, en los casos en que los gobiernos han implementado prácticas de transparencia en materia de beneficiarios finales, esos datos no se utilizan de forma sistemática en los procesos adquisitivos. Hacer esto sería una medida relativamente básica que podría producir beneficios tangibles. En las jurisdicciones que todavía no están poniendo en práctica la transparencia de los beneficiarios finales ni se han comprometido a hacerlo, los ejemplos y estudios presentados en este informe aportan una base de gran utilidad para mejorar las adquisiciones.

Figura 1. Modos en que la información sobre los beneficiarios finales contribuye a mejorar las adquisiciones

Figura 1. Modos en que la información sobre los beneficiarios finales contribuye a mejorar las adquisiciones

Los gobiernos pueden recolectar información sobre los beneficiarios finales en registros centrales como parte de sus interacciones con las empresas en el contexto de las adquisiciones o respecto de todas las empresas de una economía (página 20). Los registros que abarcan toda la economía ofrecen un conjunto de datos de referencia de gran utilidad para los organismos responsables de las adquisiciones, y pueden llegar a ser una fuente de datos de calidad superior (página 21). Otra potencial fuente de información reside en los datos sobre beneficiarios finales disponibles de forma comercial, si bien se han planteado problemas en cuanto a su alcance. En este sentido, no pueden garantizar el mismo alcance que los registros estatales (página 21).

Los datos sobre los beneficiarios finales ofrecen varios casos de usos directos en los procesos adquisitivos (página 10). Los datos de los registros públicos que abarcan toda la economía también ofrecen beneficios indirectos para los sistemas de adquisición, ya que las empresas pueden utilizar esa información para gestionar y reducir los riesgos en sus propios procesos de debida diligencia (página 18). Los datos sobre los beneficiarios finales combinados con los datos sobre las contrataciones permiten realizar análisis de las políticas de adquisición para evaluar su eficacia y ofrecer sustento a futuras políticas (página 21). La publicación de los datos posibilita la supervisión y la exigencia de rendición de cuentas por parte del público, así como su verificación. Además, mejora la capacidad de la sociedad civil para comprender y analizar los gastos gubernamentales, y disuade la posible comisión de irregularidades (página 23).

Fuente: adaptado de mySociety y SpendNetwork

Notas al pie

[1] Erica Bosio y Simeon Djankov, “How large is public procurement?”, World Bank Blogs, 5 de febrero de 2020, https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/how-large-public-procurement.

[2] “Cómo gastan los gobiernos: abrir el valor de las contrataciones públicas globales”, Open Contracting Partnership (OCP), 2020, https://www.opencontracting.org/es/what-is-open-contracting/global-procurement-spend/.

[3] Simeon Djankov, Federica Saliola, y Asif Islam, “Is public procurement arich country’s policy?”, World Bank Blogs, 1 de diciembre de 2016, https://blogs.worldbank.org/governance/public-procurement-rich-country-s-policy.

[4] “Global Anti-money Laundering Survey Results 2017”, Dow Jones y SWIFT, 2017, 25, https://fraudfighting.org/wp-content/uploads/2018/02/RC_AML-Survey2017_v5.pdf.

[5] “2016 Procurement Framework: Mandatory Direct Payment & Beneficial Ownership”, Banco Mundial, abril de 2018, https://nl4worldbank.files.wordpress.com/2018/05/direct-payment-and-beneficial-ownership-outreachprogram-april-2018.pdf.

[6] “WP1502: Beneficial ownership transparency and open contracting and public procurement (comments from Anti-Corruption Summit)”, Wilton Park, 2016, https://www.wiltonpark.org.uk/wp-content/uploads/WP1502-Comments-on-beneficial-ownership-transparency-and-open-contracting-and-public-procurement-at-Anti-Corruption-Summit.pdf; “IMF COVID-19 Anti-Corruption Tracker”, Transparencia Internacional, 20 de septiembre de 2020, https://www.transparency.org/en/imf-tracker.

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