Proceso de consulta para la divulgación de beneficiarios finales en el sector extractivo en Argentina
Conclusiones
El proceso de consulta llevado adelante mostró que la plataforma de diálogo de EITI, del grupo multipartícipe y la apertura a un amplio sector de actores interesados es una sólida oportunidad para que las diversas partes interesadas tengan la posibilidad real de proponer y discutir los lineamientos y alcance de una política pública que les impactará directamente. Compartir las distintas visiones, opiniones e ideas sobre un tema tan importante como la divulgación de beneficiarios finales en un sector clave para la economía, como son las industrias extractivas, es estructural no sólo en términos de cumplimientos de los compromisos que Argentina asumió frente a EITI, sino en el fortalecimiento de la integridad de todo el sector.
Tanto en las reuniones celebradas como durante el proceso de recepción de comentarios a las propuestas elaboradas por parte de la Secretaría de Minería y de la Secretaría de Energía se pudo constatar amplios niveles de participación de todos los sectores involucrados, quienes aportaron diversas miradas, observaciones e ideas innovadoras con la finalidad de enriquecer el contenido de las propuestas y colaborar con la definición de los lineamientos para contribuir a su adecuada implementación.
Este proceso, a su vez, permitió generar los consensos necesarios sobre los datos que serían requeridos, y el mecanismo para efectivizar la divulgación de información sobre beneficiarios finales tanto de las empresas del sector minero, como las de petróleo y gas. Pero sobre todo, permitió fortalecer los lazos y los vínculos entre sectores, muchas veces con miradas distintas (e incluso antagónicas) contribuyendo así a generar un sistema de declaración y divulgación de información que no sólo está dirigida a cumplir con las recomendaciones del Requisito 2.5 del Estándar EITI, sino que consolida un eslabón más dentro de las políticas de transparencia que se vienen impulsando para que el sector extractivo cuente con un sistema de integridad que permita disminuir los riesgos de corrupción y evasión fiscal.
A su vez, no puede dejar de remarcarse que la discusión sobre la divulgación de datos sobre beneficiarios reales en el sector extractivo se da en paralelo a una discusión más amplia, en la que se debate un proyecto de ley de reforma que incorpora nuevas medidas sobre la declaración de beneficiarios finales en Argentina, al tiempo que establece mecanismos de utilización de dicha información por parte de los organismos públicos y dispone determinados lineamientos para el acceso a la ciudadanía en general. Como se ve, la tendencia de publicidad de esta información es sostenida y generalizada, y no sólo se refiere al sector extractivo en particular, sino que se la considera una herramienta más del sistema de integridad con el que el Estado necesita contar para prevenir delitos como son la corrupción, el lavado de activos, evasión fiscal o el financiamiento del terrorismo. El proceso de consulta dió por finalizada una etapa de cocreación de regulaciones vinculadas a la divulgación de los beneficiarios finales de las empresas del sector extractivo, pero también dio paso a una nueva etapa de mejora de los niveles de integridad que necesitará generar nuevos consensos y compromisos para fortalecer la iniciativa. En ese punto, se abrió una nueva ventana de oportunidad para discutir más en profundidad el modelo necesario para mejorar la transparencia del sector, promoviendo mayor accesibilidad a información sobre los beneficiarios finales de las empresas del sector extractivo, posibilitando así mejores condiciones para la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Este fortalecimiento de lazos es de suma importancia, ya que permitirá continuar y profundizar las discusiones en torno al cumplimiento del requisito 2.5 en su totalidad a mediano plazo, incluyendo aquellos parámetros (como, por ejemplo, datos sobre cómo se ejerce el control de la empresa) que no fueron incluidos en esta etapa, pero que se conversaron y discutieron durante las distintas reuniones y espacios de discusión.
Recomendaciones para fortalecer el sistema de divulgación
Es por esos motivos que se considera vital, pensando a mediano plazo, que el GMP revise la definición de beneficiarios finales adoptada, de modo que permita incluir en etapas posteriores más información sobre un universo más amplio de sujetos obligados, incluyendo la reducción del umbral de titularidad al 10% o menos, en consonancia con lo recomendado por el requisito 2.5 del Estándar, para que posibilite contar con información para un control eficiente sobre quiénes son los beneficiarios finales de las empresas. Esa nueva definición, sería importante, que incluya no sólo a otros sujetos (como pueden ser las empresas proveedoras de servicios) sino otros datos, como el modo de control que ejercer los beneficiarios finales sobre las empresas.
Finalmente, el trabajo mancomunado entre diversas áreas gubernamentales para mejorar la coordinación en estos procesos ha sido una recomendación recurrente durante las distintas etapas del proceso de consulta. Lograr a futuro una coordinación interinstitucional no sólo facilitaría los trámites para aquellos sujetos obligados que deban presentar la información, sino que permitirá a los diversos actores involucrados acceder más fácilmente a información de suma relevancia, pudiendo procesarla y analizarla, de modo de que ésta sirva como un verdadero insumo de participación y control social sobre el sector extractivo. Esta coordinación interinstitucional, incluso, es impulsada por el propio Estándar EITI, precisamente porque exhorta a los países a que la información sea identificable y reutilizable por otras instituciones, incluso toda la sociedad.
Finalmente, lograr a largo plazo la creación de un registro unificado, mediante una ley, que centralice una única definición de beneficiarios finales. La misma deberá establecer un umbral que permita incrementar el universo de sujetos obligados, y que determine los niveles de publicidad y acceso público a la información, manteniendo un equilibrio y coherencia con normas que protejan la difusión de datos personales de carácter sensible de modo que no se requiere una manifestación expresa por parte del sujeto obligado. Esto último será esencial para fortalecer todo el sistema de integridad, tanto para el sector extractivo, como para aquellos sectores que se relacionan directa o indirectamente.