¿Quién se beneficia? Cómo se utilizan los datos sobre la titularidad de las empresas para detectar y prevenir la corrupción

Descripción general

Al tiempo que la ralentización del crecimiento económico, los vertiginosos cambios sociales y las cambiantes perspectivas medioambientales y energéticas generan incertidumbre, crecen las tensiones entre las sociedades y sus gobiernos. [1] En este contexto, la consolidación de la corrupción política y la cleptocracia, que son posibilitadas por la titularidad anónima de las empresas, pueden socavar la gobernanza democrática y obstruir los intentos a nivel nacional e internacional para abordar los enormes desafíos a los que se enfrentan las sociedades.

Los gobiernos y la sociedad civil reconocen que para abordar estos problemas es importante lograr la transparencia de las personas que, en última instancia, ejercen la titularidad de las empresas y se benefician de ellas, es decir, sus beneficiarios reales. Más de 120 jurisdicciones se han comprometido a realizar reformas para mejorar la visibilidad de la titularidad de las empresas, pero menos de la mitad han llevado a la práctica sus compromisos. [2] El sector extractivo se encuentra entre las industrias con mayor riesgo de corrupción y ha constituido un foco clave para la transparencia de los beneficiarios reales, encabezada por la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).

Este informe demuestra el potencial que tienen los datos sobre la titularidad de las empresas para desafiar a quienes pretenden abusar de sus posiciones para su beneficio propio presentando cómo los datos sobre los beneficiarios reales ayudan a prevenir y detectar la corrupción, especialmente cuando estos datos son accesibles a través de registros públicos. El informe se centra en la corrupción política o a gran escala, un ámbito en el que los datos provenientes de los registros de beneficiarios reales se utilizan en todas las jurisdicciones con los fines que se enumeran a continuación.

1. Investigar la corrupción y seguir la ruta del dinero: las empresas de titularidad anónima pueden plantear un callejón sin salida en las investigaciones sobre corrupción, y la información sobre la titularidad de las empresas puede ayudar a las unidades de investigación financiera, los servicios de seguridad y los periodistas a develar conflictos de intereses que, de lo contrario, podrían permanecer ocultos.
2. Reducir los riesgos de corrupción mediante una toma informada de decisiones: el acceso a la información sobre los beneficiarios reales de las empresas puede identificar señales de alarma que esquivan los controles más superficiales, lo que se traduce en decisiones de adquisiciones, concesión de licencias y diligencia debida más informadas por la visibilidad de los potenciales riesgos.
3. Analizar los datos utilizando enfoques novedosos para aportar conocimientos y generar impacto en materia de anticorrupción: los análisis que utilizan datos sobre los beneficiarios reales constituyen un medio para comprender mejor los patrones y comportamientos que pueden señalar prácticas corruptas. Ofrecen a las autoridades responsables del cumplimiento de la ley, la sociedad civil y los gobiernos nuevas ideas sobre la manera en la que los actores corruptos manejan y aprovechan los sistemas financieros y económicos, y pueden funcionar como desencadenantes de investigaciones.

La erradicación de la corrupción en el sector extractivo puede promover algunos de los imperativos más apremiantes para los gobiernos de los países ricos en recursos naturales, como la mejora de la gobernanza de los recursos, la movilización de los recursos nacionales y la seguridad nacional. Los casos señalados en este informe demuestran que los datos públicos sobre los beneficiarios reales tienen el potencial de desempeñar un papel crítico en la reducción de la corrupción.

Para concretar este potencial, los gobiernos deberían trabajar con las empresas, la sociedad civil, los organismos reguladores y las organizaciones internacionales en pos de crear registros de beneficiarios reales que sean públicos y sostenibles y que satisfagan las necesidades de los usuarios. También es necesario invertir en innovaciones y aumentar la capacidad para posibilitar el uso de los datos. La incorporación del uso de datos tanto a los procesos existentes como a los nuevos –desde la diligencia debida de los proveedores hasta las políticas sobre la transición energética y la gobernanza de los minerales críticos– marcará una diferencia considerable en la capacidad de todas las partes interesadas para seguir la ruta del dinero y reducir los riesgos de corrupción.

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