¿Quién se beneficia? Cómo se utilizan los datos sobre la titularidad de las empresas para detectar y prevenir la corrupción

Usar los datos de los beneficiarios reales para reducir la corrupción

Los primeros registros centrales de beneficiarios reales se inauguraron apenas en 2015. A pesar de su corta historia, diversos actores, que incluyen tanto a los activistas de base como a las unidades de inteligencia financiera, están utilizando los datos sobre beneficiarios reales para luchar contra la corrupción.

En términos generales, los datos sobre beneficiarios reales se utilizan de tres formas: para investigar la corrupción, para sustentar las decisiones en pos de reducir los riesgos de corrupción, y para utilizar el análisis con el fin de aportar conocimientos en materia anticorrupción. Cada una de estas se analiza a continuación. En muchos casos, el valor de los datos sobre titularidad en la lucha contra la corrupción procede de su integración con otra información, mientras que la innovación en el uso de los datos es crucial para ampliar los horizontes de las iniciativas de transparencia y rendición de cuentas en todos los frentes.

Al hacer públicos los registros de datos sobre beneficiarios reales –no solo en el ámbito de las industrias extractivas sino en lo relativo a la economía en general– se maximiza su potencial para tener un impacto en materia anticorrupción, puesto que extiende el acceso a los datos a todos los usuarios, desde los servicios de procuración de justicia extranjeros a los periodistas. El acceso público mejora las oportunidades de establecer conexiones entre la información sobre titularidad entre distintas jurisdicciones y con otras fuentes de datos para llevar a cabo investigaciones y extraer conocimiento.

Investigar la corrupción siguiendo el dinero

Todos los tipos de corrupción política implican el abuso de poder para beneficio personal y, por lo general, entrañan algún tipo de conflicto de intereses para quienes toman las decisiones. Las investigaciones de las unidades de investigación financiera, los servicios de seguridad y los periodistas pueden ayudar a revelar estos conflictos. En muchas de estas investigaciones, los usuarios de los datos siguen la ruta deldinero, rastreando las transacciones entre una cuenta bancaria y otra cuenta bancaria para vincular los flujos financieros a las personas, y experimentando con enfoques novedosos basados en datos para este trabajo. [5]

Saber quiénes son los titulares de las empresas puede evitar que los investigadores se encuentren en un callejón sin salida. Por ejemplo, en 2018, el Reino Unido emitió una orden de riqueza inexplicada (UWO) utilizando pruebas provenientes del registro de beneficiarios reales del Reino Unido contra una persona expuesta políticamente (PEP) de Azerbaiyán.

El registro mostraba que la esposa de un funcionario azerbaiyano – que había sido encarcelado en 2016 por malversación de fondos públicos de esta nación rica en petróleo – había sido beneficiaria real de una empresa propietaria de un club de golf que se encontraba bajo sospecha de haber sido adquirido con fondos blanqueados. [6] En diciembre de 2020, la señora perdió un recurso de apelación ante la Corte Suprema por el que pretendía anular la orden de riqueza. [7] Se han incautado activos de un valor de GBP 3,2 millones en espera del resultado de los procedimientos de decomiso por parte de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA). [8]

En casos como este, la información sobre la titularidad de la empresa aporta una pieza fundamental del rompecabezas para identificar las conexiones entre diversos particulares y entidades jurídicas. La utilidad de los datos sobre beneficiarios reales es incluso mayor cuando estos se combinan con otra información, como los registros de bienes inmuebles y otros activos. Por ejemplo, la organización de periodismo independiente e investigación anticorrupción, Bihus.info, investigó a un miembro del Parlamento (MP) ucraniano combinando los datos de los registros de activos y de beneficiarios reales de Ucrania para examinar el origen de UAH 1,2 millones (aproximadamente USD 42.000) en ingresos anuales por alquileres que el MP había declarado. Descubrieron que era probable que los ingresos declarados se originaran de ganancias derivadas de actividades corruptas. El Alto Tribunal Anticorrupción de Ucrania también investigó este caso. En 2021, concluyó que los ingresos habían sido adquiridos de manera ilegítima y debían ser objeto de decomiso civil. Esta fue la primera vez que se utilizaba este mecanismo desde que se introdujo en Ucrania en 2019. [9]

Las encuestas sobre la opinión de llas agencias de procuración de justicia respecto de los registros centrales de beneficiarios reales destacan el tiempo que se ahorra en las investigaciones gracias a la posibilidad de acceder de forma eficiente a la información sobre beneficiarios reales desde un registro central, en lugar de tener que solicitarla a cada empresa sujeta a una investigación. En las entrevistas a ocho organismos de servicios de seguridad, que fueron realizadas tres años después de la puesta en marcha del registro público de beneficiarios reales del Reino Unido, se reveló que todos los entrevistados habían utilizado el registro para contribuir a sus investigaciones penales.

Asimismo, la mayoría de las organizaciones de servicios de las agencias de procuración de justicia manifestaron que el registro había tenido un efecto positivo en su trabajo: “La introducción del registro […] ha acelerado y facilitado la obtención de información. Por ende, el proceso para identificar y entender quiénes son las personas que controlan las entidades corporativas y las redes empresariales de las que forman parte se ha vuelto más eficiente”. [10]

Los registros públicos también pueden ser una alternativa más eficiente a los mecanismos de intercambio de información a nivel internacional que consumen más tiempo y recursos, por ejemplo, las solicitudes de asistencia judicial recíproca. [11] Debido a que los ingresos derivados de la corrupción se suelen blanquear e invertir en activos fuera del país donde tuvieron lugar los actos de corrupción, la cooperación internacional y el intercambio de datos sobre beneficiarios reales es fundamental. A modo de ejemplo, el nuevo registro británico de beneficiarios reales del Reino Unido para entidades extranjeras titulares de inmuebles en el Reino Unido fue calificado en Nigeria como una herramienta útil en la lucha contra la corrupción. [12] Cuando los registros nacionales proveen datos estructurados e interoperables, los datos sobre beneficiarios reales pueden combinarse fácilmente con otros datos, como los datos sobre adquisiciones, o con los datos sobre beneficiarios reales provenientes de otros registros nacionales, para mejorar la visibilidad de las estructuras empresariales transnacionales. Así lo demuestra el Registro de Open Ownership, el primer registro transnacional de beneficiarios reales del mundo, que actualmente combina datos de cuatro registros nacionales. [13]

El gobierno zambiano en este momento está reforzando su sistema de divulgación con el apoyo de Opening Extractives.

Los datos sobre beneficiarios reales también son utilizados por los periodistas en sus investigaciones. El Proyecto de Denuncia del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP) ha desarrollado una innovadora plataforma de datos denominada Aleph para ayudar a los periodistas a seguir la ruta del dinero mediante el uso de “datos detallados sobre personas de interés, empresas, transacciones financieras y más”. [15] Aleph prioriza las series de datos que ayudan a los usuarios a rastrear los activos y la titularidad de las empresas, a menudo más allá de las fronteras. Incluye datos de más de 50 registros de empresas, incluidos los registros centrales de beneficiarios reales, y permite a los periodistas contextualizar la información que obtienen sobre las personas, las empresas o los activos de interés. Esto puede facilitar la identificación de indicios de posibles casos de corrupción.

Por ejemplo, cuando los periodistas obtienen información sobre cuentas bancarias o activos de empresas, pueden utilizar Aleph para cotejar los nombres de las empresas que figuran como titulares con documentos y fuentes, incluidos los datos del registro de beneficiarios reales, para encontrar al titular registrado, y compararlo con los datos de otros registros, como los de la propiedad y las listas de PEP. Las conexiones en los datos no determinan que se haya cometido un delito, pero pueden generar indicios que ameritan ser investigados. Por ejemplo, cuando el patrimonio de un funcionario público es desproporcionadamente grande en comparación con sus ingresos oficiales, puede tratarse de una señal de alarma que indica un caso de corrupción. [16]

Lares Corporation S.A. SPF en el registro de beneficiarios reales de Luxemburgo

Fuente: www.lbr.lu/mjrcs-rbe, 13 de octubre de 2022

Reducir los riesgos de corrupción tomando decisiones informadas

Cada día, los gobiernos y las empresas toman decisiones sobre cómo asignar recursos, con quién hacer negocios y dónde no invertir. Colocar la información sobre beneficiarios reales en manos de quienes tienen responsabilidades de diligencia debida puede ayudar a develar vínculos sospechosos, corrupción y conflictos de intereses que escapan de otras verificaciones de rutina.

Lograr adquisiciones limpias

La información sobre beneficiarios reales se utiliza en los procesos de adquisiciones públicas para ayudar a identificar quién está detrás de las empresas que las jurisdicciones seleccionan para el suministro de bienes, obras y servicios. Las autoridades que realizan las compras también utilizan los datos sobre beneficiarios reales para identificar los conflictos de intereses que pueden surgir cuando existen vínculos entre las empresas oferentes en licitaciones y las personas con conexiones políticas. Además, el uso de estos datos tiene la ventaja adicional de poder identificar indicios de fraude, como la manipulación de licitaciones. [22]

En el sector extractivo, los proveedores de bienes y servicios, que incluyen tanto grandes multinacionales como pequeñas empresas locales, ejecutan obras valuadas en miles de millones de dólares para empresas privadas, empresas estatales y gobiernos. Los contratos de los proveedores representan un canal importante para los beneficios económicos de la extracción, pero también plantean un considerable riesgo de corrupción: en una revisión de más de 40 casos de corrupción en la industria extractiva, se halló que los proveedores estaban implicados en abusos en al menos 29 países de los cinco continentes. [23] La transparencia en las adquisiciones mejora el control de los proveedores, y la publicación de los datos sobre titularidad puede ayudar a garantizar que la adjudicación de contratos locales de adquisición sea justa.

La publicación de los datos sobre la titularidad de las empresas que han presentado ofertas y han recibido contratos estatales aumenta aún más la transparencia y puede crear un efecto disuasorio. [24] En un estudio del Banco Mundial que utilizó datos de 88 países en desarrollo se descubrió que una mayor transparencia en las adquisiciones públicas dio lugar a que más empresas participaran en los mercados de adquisiciones, como también que las empresas pagaran menos sobornos y de menor cuantía a los funcionarios; también se relacionó con una mayor participación de las empresas más pequeñas que suelen tener menos recursos para abrirse paso por los sistemas corruptos. [25] Algunas jurisdicciones, como Kenia y Eslovaquia, adoptan el enfoque de publicar los datos sobre beneficiarios reales de las empresas oferentes o adjudicatarias de contratos públicos. [26]

La Unión Europea (UE) ha utilizado ARACHNE, una “herramienta informática integrada para la prospección y al enriquecimiento de datos” para llevar a cabo la diligencia debida para el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. [27] ARACHNE usa la información sobre beneficiarios reales junto con otra información de las empresas para “determinar, sobre la base de una serie de indicadores de riesgo, los proyectos, beneficiarios, contratos y contratistas que pudieran presentar riesgos de fraude, conflicto de intereses u otras irregularidades”. [28] ARACHNE se implementó con anterioridad a los registros centrales en muchos Estados miembros de la UE, y utiliza una serie de datos comerciales sobre beneficiarios reales.

Reforzar la gobernanza de las licencias de extracción

La competencia por las licencias de exploración y producción dentro de las industrias extractivas crea importantes incentivos para la corrupción. Las empresas pueden procurar ventajas desleales a través de los sobornos o la colusión, mientras que los funcionarios responsables de la toma de decisiones pueden aprovechar su poder para su propio beneficio económico. [29] Los funcionarios públicos a cargo de las decisiones de concesión de licencias pueden utilizar la información sobre los beneficiarios reales de distintas maneras.

Puede influir las decisiones, ya sea denegar, revocar o rechazar la renovación de licencias de las empresas en los casos en que la información indique la existencia de posibles casos de corrupción, como conflictos de intereses y sobornos. Asimismo, puede ayudar a identificar incumplimientos regulatorios o fraudes, como los casos en que dos o más empresas con los mismos titulares actúan en connivencia para generar la baja de precios de los arrendamientos de petróleo y gas.

Además, los datos sobre los beneficiarios reales pueden ayudar a detectar conflictos de intereses al momentode examinar evaluaciones de impacto medioambiental de los proyectos extractivos, que son prerrequisitos para la concesión de licencias. En algunos casos, la información proveniente del registro de beneficiarios reales puede ser suficiente para alertar sobre conflictos de intereses. En otros, como el estudio de caso de Argentina analizado anteriormente, las investigaciones se beneficiarán de las referencias cruzadas con datos de otras jurisdicciones. Esto solo es posible cuando los datos sobre los beneficiarios reales son de acceso público.

El EITI ha sido un propulsor clave de la transparencia en la industria extractiva. El Requisito 2.5 del Estándar EITI 2019 recomienda que “los países implementadores mantengan un registro accesible al público de los beneficiarios reales de la(s) entidad(es) corporativa(s) que aplique o tiene interés en aplicar para una licencia o contrato de exploración o producción de petróleo, gas o minerales, incluyendo la identidad de su(s) beneficiario(s) real(es), el grado de participación en la titularidad así como detalles sobre cómo se ejerce la titularidad o el control”. [30] En reconocimiento de los riesgos de corrupción, el requisito también señala que la definición de beneficiario real debería especificar las obligaciones de información para las PEP.

El aprendizaje interpares obtenido a través del programa Opening Extractives promueve la transparencia de los beneficiarios reales en Nigeria.

Enfoques basados en datos para efectuar la debida diligencia de las empresas

Los datos sobre beneficiarios reales son empleados por las entidades reguladas con arreglo a la legislación contra el blanqueo de capitales, tales como los bancos y otras empresas, para llevar a cabo las verificaciones obligatorias de conocimiento del cliente. Estas verificaciones usan datos provenientes de los registros de beneficiarios reales o proveedores de datos que, a su vez, se basan en registros. [32] Muchos proveedores de datos sobre beneficiarios reales han sido pioneros en los enfoques de diligencia debida basados en los datos, y los han incorporado en soluciones informáticas para bancos y otros negocios, lo que a veces se conoce como el sector de tecnología regulatoria o “RegTech”. Las instituciones sujetas a regulaciones contra el blanqueo de capitales suelen ser una pieza clave para la detección de transacciones potencialmente provenientes de actos de corrupción. Su acceso a datos sólidos resulta crítico para garantizar el éxito de las políticas contra el blanqueo de capitales, así como para impulsar la innovación en el uso de los datos sobre beneficiarios reales que puede favorecer las iniciativas anticorrupción de forma más general.

Los datos sobre beneficiarios reales también son utilizados por empresas estatales y privadas para llevar a cabo la diligencia debida de los clientes, proveedores, vendedores y socios comerciales con los que una empresa decide vincularse. Por ejemplo, Petrobras, una empresa petrolera estatal de Brasil, ahora exige a sus proveedores, clientes, empresas patrocinadas, socios y otras contrapartes que informen sus beneficiarios finales. [33] Las fuentes clave de información de propiedad exclusiva que utilizan las empresas con fines de diligencia debida incorporan y dependen de la información sobre la titularidad obtenida directamente de los registros de beneficiarios reales.

En una encuesta realizada por Open Ownership sobre el uso de estos datos por parte de entidades privadas, todas las empresas de minería y de minerales señalaron que la información sobre la propiedad resultaba entre “algo” y “muy” importante para llevar a cabo evaluaciones periódicas anticorrupción o procesos de cumplimiento. [34] En el caso de las empresas de fabricación de productos electrónicos y las de minería y minerales, estos datos se consideran relevantes a la hora de cumplir con la legislación, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos y la Ley de Soborno del Reino Unido, así como las regulaciones contra el blanqueo de capitales. Esto se ve acentuado en contextos en los se considera que los riesgos de corrupción y soborno son más prevalentes.

Un reciente caso de corrupción en el que se involucra Glencore, una empresa de recursos diversificados, exhibe las posibles repercusiones que puede acarrear la falta de diligencia debida de terceros. En junio de 2022, la empresa se declaró culpable de haber pagado sobornos relacionados con operaciones petroleras en África, en parte mediante agentes y terceros. [36] Los actores de la sociedad civil han resaltado que parte de la solución radica en que Glencore implemente un sistema de diligencia debida de terceros que advierta las señales de alarma de riesgos de corrupción. Otras medidas pertinentes incluyen el control de los beneficiarios reales de los agentes de PEP con conflictos de intereses y los particulares o las entidades a quienes se haya condenado por haber cometido delitos relacionados con la corrupción o que se haya demostrado de forma fehaciente que han participado en dichos actos. [37]

En sus recientes reformas anticorrupción, Glencore ha empezado a divulgar de manera voluntaria los beneficiarios reales de sus socios en empresas conjuntas y de sus agentes, en particular de terceros de alto riesgo. [38] En el informe sobre ética y cumplimiento de Glencore correspondiente al año 2021 se afirma que sus procedimientos exigen la obtención de información sobre beneficiarios reales, y que “no nos asociaremos ni contrataremos a ningún socio comercial con una valoración de alto riesgo de corrupción que se niegue a identificar a sus beneficiarios reales, salvo que se apliquen las medidas de mitigación correspondientes para reducir el riesgo de corrupción”. [39]

Analizar los datos para aportar conocimientos y generar impacto en materia de anticorrupción

La información sobre beneficiarios reales se puede utilizar con el fin de detectar patrones relevantes para identificar riesgos de corrupción y evaluar la efectividad de las políticas anticorrupción. Los servicios de seguridad, la sociedad civil, los gobiernos y otros pueden analizar los datos en pos de comprender mejor los patrones y comportamientos que pueden señalar prácticas corruptas. Este tipo de análisis puede ofrecer nuevas ideas sobre la manera en la que los actores corruptos atraviesan y se aprovechan de los sistemas financieros y económicos, y desencadenar investigaciones proactivas. Aún no se ha aprovechado todo el potencial de los datos sobre beneficiarios reales, y queda mucho por hacer para integrarlos con otras series de datos con el propósito de contribuir a la elaboración de políticas anticorrupción y develar riesgos sistémicos.

Le groupe multipartite de l’ITIE Ukraine discute de l’importance du contrôle des données figurant dans le registre public

La información sobre titularidad ya está ayudando a los investigadores a evaluar su repercusión en diversas esferas de políticas, incluida la movilización de recursos nacionales. Por ejemplo, en un estudio reciente que usó datos sobre los beneficiarios reales [43] se descubrió que la implementación del Estándar Común de Reporte –que promueve la transparencia fiscal mediante el intercambio automático de información de cuentas financieras entre jurisdicciones– provocó un cambio en la forma en que los titulares de cuentas en paraísos fiscales guardaban su riqueza. [44] De manera similar, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) utiliza datos del Registro de Open Ownership en su Base de Datos Analítica sobre las Empresas Multinacionales Individuales y Filiales. Su objetivo es generar nuevos conocimientos sobre las empresas multinacionales (MNE) individuales y sus perfiles globales. Según la OCDE, “comprender dónde están las MNE, cómo operan y dónde pagan impuestos es esencial para la elaboración de políticas y estadísticas macroeconómicas sólidas”. [45]

Evaluación de la efectividad de las políticas

A menudo, es necesario un enfoque iterativo para implementar con eficiencia la transparencia de la titularidad, y el análisis de datos puede promover la mejora de las políticas, regulaciones y procesos empresariales que las jurisdicciones han aplicado para promover la transparencia de la titularidad. Los actores a cargo de las políticas pueden utilizar los datos que poseen para ayudar a comprender la efectividad de su régimen de divulgación en aras de cumplir los objetivos de las políticas anticorrupción. La sociedad civil y los periodistas también pueden contribuir a estos objetivos utilizando datos públicos para exigir responsabilidades a los gobiernos en cuanto a sus compromisos de detectar y desalentar la corrupción a través de reformas.

Por ejemplo, las sociedades limitadas escocesas (Scottish limited partnerships o SLP) – un tipo de sociedad mercantil con conocidos riesgos de lavado de dinero relacionados con la corrupción – [46] no estaban obligadas a divulgar la información sobre beneficiarios reales en el Reino Unido cuando se estableció su registro. Después de que la cantidad de nuevas SLP se duplicara en el año siguiente a la creación del registro, y de que estas se vincularan a movimientos de USD 80.000 millones provenientes de Rusia, el gobierno británico incluyó a las SLP dentro del alcance de las normativas de transparencia de beneficiarios reales, y la tasa de constitución de nuevas SLP disminuyó en 80 %. [47] Estos datos sugieren que la falta de transparencia se trataba de un factor importante a la hora de elegir utilizar SLP, y su posterior inclusión en el alcance de las divulgaciones fue un elemento de disuasión. Desde entonces, los medios han informado patrones similares que apuntan al posible abuso de las sociedades limitadasirlandesas y norirlandesas, que aún se encuentran fuera del alcance de los requisitos de declaración de beneficiarios reales en el Reino Unido. [48]

Analizar los datos para develar riesgos de corrupción sistémica

Los datos sobre beneficiarios reales divulgados en aras de cumplir con los Requisitos EITI tienen el potencial de dotar a la sociedad civil de la información que la ayudará a entender y monitorear mejor la corrupción de la industria extractiva. Ante la falta de disponibilidad de datos estructurados, los informes EITI ayudan a los usuarios a vincular los datos públicos sobre titularidad con la información en contratos, empresas estatales e ingresos. Estos han desencadenado o han contribuido a investigaciones sobre negocios específicos en Camerún, la República Democrática del Congo, Indonesia y Liberia. [54] En la actualidad, más jurisdicciones producen datos estructurados y los ponen a disposición de forma masiva, lo que permite a los analistas identificar proactivamente los riesgos de corrupción.

Por ejemplo, la organización de la sociedad civil Directorio Legislativo hace poco creó una plataforma para detectar posibles casos de corrupción en Colombia que se llama Joining the Dots [55] y, actualmente está desarrollando un proyecto similar en Nigeria. El proyecto busca sacar a la luz los conflictos de intereses y otras señales de alarma entre las empresas que son titulares de licencias de minería extractiva mediante la combinación de los datos sobre beneficiarios reales y PEP con la información de las declaraciones juradas patrimoniales. En Nigeria, utilizará algoritmos diseñados en consulta con socios locales para identificar factores de riesgo específicos del contexto y analizar las conexiones entre las empresas y las PEP. El análisis masivo puede ayudar a revelar vulnerabilidades estructurales a la corrupción. El personal señala que la ausencia de declaraciones públicas de intereses financieros en Nigeria, que se utilizaron para la plataforma en Colombia, hace que sea esencial la información proveniente de los registros de beneficiarios reales. [56]

El proyecto usa datos del registro del NEITI y el nuevo registro público de beneficiarios reales de la CAC, aunque, a la fecha, la falta de acceso a los datos masivos del registro de la CAC ha constituido un problema.

También se están explorando otras vías para nuevas formas de análisis de datos. Las nuevas iniciativas que conectan los datos sobre titularidad con las sanciones y la información inmobiliaria podrían ayudar a desempeñar un papel en la identificación y la lucha contra la cleptocracia y la corrupción estratégica, cuestiones que han adquirido una nueva relevancia desde la invasión rusa de Ucrania. [57] En países ricos en recursos naturales, los contratos inflados son un medio conocido de adquisición y distribución de ganancias ilícitas provenientes de recursos naturales. [58] Al combinar la contratación abierta y los datos sobre gastos con la información estructurada sobre titularidad, los actores anticorrupción podrían ser capaces de identificar posibles desviaciones de las normas de la industria o el mercado y determinar la identidad de quienes se benefician.

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