Guía de implementación de la transparencia sobre los beneficiarios finales

Publicación de información sobre beneficiarios reales

Buenas prácticas para la publicación de datos

En la sección Datos, se analizó cómo el BODS puede ayudar a estructurar con eficacia los datos sobre los beneficiarios finales, es decir, de un modo que sean legibles por medios informáticos y por humanos, así como interoperables con los datos de otras jurisdicciones.

De acuerdo con las experiencias internacionales de implementación, la definición de acceso público a un registro puede variar y diferir de la definición brindada en el Principio OO de acceso público. Por ejemplo, en una jurisdicción todos los datos podrían ser de acceso gratuito sin inscripción, mientras que en otra podrían solo estar disponibles si se paga la tarifa por acceso a los registros individuales. Si bien ambos datos podrían considerarse públicos desde el punto de vista técnico, el acceso a ellos sería significativamente diferente. El uso y el impacto de los datos sobre los beneficiarios finales serán mayores cuando tengan el formato de datos abiertos, es decir, cuando estén disponibles en línea de manera gratuita como datos estructurados sin licencias restrictivas. Deberían permitir realizar búsquedas por beneficiario final y nombre de empresa, descargarse de manera masiva y ser reutilizables por el público. Esto debería poder hacerse sin tener que pagar una tarifa, utilizar un software propietario o inscribirse. Algunos Gobiernos también deciden poner a disposición los datos sobre los beneficiarios finales a través de otros métodos. Por ejemplo, mediante una API, la cual permite el acceso directo a los datos legibles por medios informáticos que pueden utilizarse con posterioridad como información para otras herramientas y productos. [17] Todas estas medidas aumentan la cantidad de personas que utilizan los datos, lo que incrementa su impacto y facilita el escrutinio independiente. Los posibles beneficios de aplicar estas medidas se describen en el informe de políticas de OO Publicación de los registros centrales de beneficiarios finales.

Por último, es importante destacar que los datos históricos sobre los beneficiarios finales deberían asimismo conservarse y ponerse a disposición del público. Como se describe en el Principio OO de información actualizada y auditable, conservar los datos históricos evita que una entidad oculte su identidad cambiando su nombre o beneficiarios finales mediante la reincorporación. Asimismo, permite que se realicen investigaciones en casos legales complejos. Los registros históricos y auditables son fundamentales para que las autoridades verifiquen las reclamaciones de titularidad con los registros históricos. Los cambios históricos pueden consultarse durante la investigación, aun cuando la exactitud de los datos esté en duda, y pueden ofrecer pruebas de "quién sabía qué y cuándo" para evaluar, por ejemplo, si la debida diligencia se llevó a cabo de manera eficaz en un momento determinado. A excepción de las redacciones con un régimen de protección, los datos sobre los beneficiarios finales deberían conservarse y publicarse, como mínimo, durante toda la existencia de la empresa y, en lo posible, después de su disolución.

Mitigación de los posibles efectos negativos del acceso público

Los datos sobre los beneficiarios finales se publicaron en docenas de jurisdicciones. Quienes se oponen a los registros públicos sostienen que publicar los datos pone en grave riesgo a determinados individuos. Por ejemplo, algunas partes interesadas en Alemania expresaron su preocupación por el robo de identidad y los secuestros. De acuerdo con las investigaciones, si bien los directores de las empresas corren un riesgo desproporcionado de ser víctimas del robo de identidad, este riesgo es aún mayor cuando ya se publicó en línea información sobre ellos, como en las redes sociales. En las investigaciones realizadas por OO en distintas jurisdicciones que ofrecen registros de datos abiertos sobre los beneficiarios finales, no se lograron identificar ejemplos documentados de graves daños que hayan ocurrido desde su publicación hasta la fecha.

Los posibles beneficios de publicar los datos sobre los beneficiarios finales deben sopesarse frente a los posibles efectos perjudiciales de reducir la privacidad. Estos serán diferentes en cada jurisdicción, y cada implementador deberá evaluar cuáles son los posibles efectos mediante la consulta con las partes interesadas. Hasta el momento, los registros se implementaron, en su mayoría, en los países del Norte Global. Es probable que si se considera realizar reformas en materia de transparencia sobre los beneficiarios finales en otros contextos, estas afrontarán su propio conjunto de posibles daños. Por ejemplo, de acuerdo con la experiencia de OO de apoyar la implementación en México, existen preocupaciones específicas sobre los riesgos a la seguridad personal (p. ej., los secuestros) a raíz del entorno legal y de seguridad particular de dicho país. También han surgido preocupaciones similares en los debates celebrados en México sobre la divulgación de bienes de las autoridades públicas. Independientemente de las preocupaciones que se planteen, los implementadores pueden tomar algunas medidas para asegurar la mitigación de los posibles daños (también ilustrado en Figura 1):

1) Adherirse al principio de minimización de los datos

Los implementadores deberían seguir el principio de minimización de datos y recopilar solo aquellos que sean adecuados (suficientes para cumplir con los objetivos políticos establecidos), pertinentes (que tengan un vínculo racional con ese objetivo) y limitados a lo necesario (que no excedan ese objetivo). Los regímenes de divulgación no deberían recopilar datos innecesarios, sobre todo aquellos que son sensibles (por ejemplo, el aspecto físico o el origen racial), que, a menudo, también necesitan alcanzar un umbral legal superior para su procesamiento. En la práctica, esto significa que los Gobiernos deberán tomar decisiones prudentes sobre qué datos han de recopilarse. Por ejemplo, pueden decidir que basta con recopilar las direcciones de las empresas, en lugar de las direcciones personales, para lograr los objetivos políticos de su registro.

2) Adoptar un sistema de acceso estratificado

Una forma común de sortear los posibles problemas de publicación relacionados con los datos personales es implementar un sistema de acceso estratificado en el cual los distintos usuarios tengan acceso a información diferente. Si bien los órganos de investigación tendrán acceso a la información completa de los beneficiarios finales — incluidas su información de contacto personal y fecha de nacimiento [18] —, los datos públicos estarán más limitados, pero serán suficientes para facilitar la rendición de cuentas y la supervisión pública (p. ej., una dirección para notificaciones en lugar de una residencial). Los formularios de divulgación de datos sobre los beneficiarios finales deberían indicar claramente qué campos de datos estarán disponibles solo para las autoridades competentes y no serán públicos, dado que esto puede reducir las posibles confusiones y las objeciones a la privacidad durante la implementación.

3) Aplicar un régimen de protección

Los implementadores pueden también mitigar los posibles efectos negativos derivados de la publicación de datos estableciendo exenciones a la publicación en circunstancias en las que alguien quede expuesto a riesgos desproporcionados. Este es una característica compartida por muchos regímenes de transparencia sobre los beneficiarios finales y debería centrarse en mitigar los riesgos que surgen de la publicación de los datos. Por ejemplo, una persona puede ser miembro de alguna comunidad religiosa y ser el beneficiario final de una empresa cuyas actividades entran en conflicto con los principios de esa religión. Además, el régimen de protección debería incluir los riesgos derivados de la publicación de cualquiera de los datos personales. Por ejemplo, alguien que haya sufrido acoso u hostigamiento tiene un motivo legítimo para que no se publique su nombre y domicilio residencial. Un régimen de protección debería contar con un sistema de solicitudes que permitiera pedir que se protejan ciertos campos de datos, o todos ellos, antes de publicarse, si se avala con evidencias. Estas solicitudes deberían revisarse de acuerdo con una serie de condiciones estrictamente definidas para evitar que se produzcan lagunas importantes en un régimen de divulgación.

Figura 1. Mitigación de los posibles efectos negativos en un régimen de divulgación de datos de los beneficiarios finales